El pasado día 13, la ausencia de diputados de la mayoría presidencial durante la votación sobre la autorización de cultivos transgénicos provocó un sobresalto político. Sólo 137 de los 331 parlamentarios con que cuenta la mayoría estaban presentes ese día en la Cámara. Los diputados de izquierda eran 136. Ello llevó a uno de ellos, al comunista André Chassaigne, a presentar una «cuestión previa» por la que se cuestionaba la misma necesidad de debatir la ley. 135 diputados de la derecha se opusieron a la iniciativa, mientras que otros dos se abstuvieron.

Es la primera vez desde 1998 que este procedimiento para bloquear el debate de un proyecto de ley sale adelante.

¿Por qué este fracaso del Gobierno? De partida, porque la cuestión de los cultivos transgénicos divide profundamente a la mayoría. Los franceses se muestran mayoritariamente contrarios a la comercialización de transgénicos. De hecho, según un sondeo publicado el pasado viernes por el conservador «Le Figaro», un 67% aprobó el rechazo inicial del texto por la Asamblea. Ciertos parlamentarios han expresado reticencias éticas. Informados de las posibilidades de diseminación de semillas OGM, no están dispuestos a asumir semejante riesgo. El proyecto prevé efectivamente autorizar los cultivos y no sancionar -o hacerlo muy levemente- las contaminaciones de plantaciones vecinas hasta que superen una tasa del 0,9%.

Por otra parte, los diputados sufren la presión de las industrias del sector. «Hay lobbies extremadamente poderosos y muy activos en el seno del grupo de la UMP», reconoce el diputado de la mayoría gubernamental François Grosdidier en Info'OGM, aunque opina que «la mayoría de los diputados de la UMP tratarán de formarse su propia opinión y privilegiar el interés general».

El politólogo Paul Allies, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Montpellier I y autor de «La gran renuncia, la izquierda y las instituciones de la V República», define lo ocurrido como «la huelga del voto».

En su opinión es un «signo claro del debilitamiento del Parlamento, ya que incluso cuando un gobierno dispone de una mayoría clara, los parlamentarios no tienen en el último estadio del proceso legislativo los medios para hacer política. Se les ha empujado a votar, sin enmiendas posibles, un texto con el que no estaban de acuerdo».

Ciertamente, el fracaso del Gobierno de Sarkozy ha sido provisional ya que el texto ha sido aprobado por la Asamblea y mañana irá al Senado, lo que la oposición ha calificado como ataque a la democracia.

El no respeto de las prerrogativas de los diputados es otra de las razones que subyacen en este absentismo. La Constitución les otorga el poder de dar forma a las leyes, pero en la práctica, parten del Gobierno y no de los diputados. Cuando se trata de temas importantes, la disciplina de voto les impone votar en interés de su partido. Por ello ponen mala cara para participar en las comisiones del Parlamento, salvo los martes y miércoles, días en que la televisión retransmite las sesiones de control al Gobierno. «El resto del tiempo prefieren quedarse en su circunscripción», explica Paul Alliès, máxime cuando debido a «la acumulación de mandatos, tienen muchas responsabilidades locales».

El análisis hecho público por el Institut Montaigne en diciembre de 2006 bajo el título «Diputado: un trabajo a tiempo completo» confirma la inutilidad de un Parlamento que no vota sus leyes sino que se limita a registrar los textos de un gobierno sobre el que no ejerce labores de control.

La reforma de las instituciones que empezará a debatirse mañana no contempla la propuesta del comité Balladur de imponer el mandato exclusivo a los diputados, y el refuerzo del Parlamento que propone será claramente insuficiente.