El Gobierno de Lakua ha optado por evitar las especulaciones en torno al paso más cercano de la «hoja de ruta» diseñada por Juan José Ibarretxe y, paradójicamente, al mismo tiempo se atreve a hacer previsiones más allá del pleno del 27 de junio.

Así, el consejero de Interior, Javier Balza, aseguró ayer que, de aprobarse en el Parlamento de Gasteiz el proyecto de ley sobre la consulta a la ciudadanía, esa norma se convertiría en «una ley vinculante al cien por cien y, por lo tanto, todos los poderes públicos tienen la obligación de acatarla».

Auguró que el 25 de octubre la ciudadanía «va a poder expresar su voluntad, su opinión, en los mismos términos que cada vez que va a votar en este país, exactamente igual que cualquier elección al Parlamento vasco». Obvió Balza que, precisamente para justificar su legalidad, el propio Ibarretxe reitera una y otra vez que, de celerbarse, el resultado de esa consulta no sería vinculante.

Durante la entrevista en Radio Euskadi, Balza sí hizo referencia al actual marco legal para comentar que el proyecto de ley se ha elaborado realizando «un análisis muy serio del Estatuto» y «de los límites que supone la Constitución». No obstante, asumió que, «visto como están los órganos superiores de la Justicia en España», con «ciertas decisiones del Tribunal Supremo o del Constitucional, su «confianza» en la respuesta de la Judicatura se va «limitando».