El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) señala a una veintena de multinacionales europeas entre las que cometen más abusos en su actividad laboral y económica, a la vez que actúan en contra del medio ambiente en América Latina. El poder que representan genera connivencias con la Administración para explotar a trabajadores y las riquezas naturales de los pueblos.

A mediados de mayo se analizó esa situación en Lima, coincidiendo con la Cumbre Europea y América Latina y el Caribe. En la misma se censuró el papel que juegan esas grandes empresas a la hora de eliminar los derechos de muchos de los pueblos a cambio de obtener mayores incrementos en sus cuentas de resultados y la permisividad con la que actúan los gobiernos, tanto en el origen de las multinacionales como «allí donde nos colonizan».

Datos recientes constatan que las multinacionales del Estado español tienen en cartera en torno a 130.000 millones de inversión y que en los últimos diez años, esas empresas han triplicado, en el peor de los casos, los beneficios en relación a la inversión que inicialmente realizaron.

«No son accidentes casuales»

El dictamen final del Tribunal Permanente de los Pueblos precisa que «se ha puesto en evidencia que las violaciones que se denuncian no son accidentes casuales, sino indicadoras y expresiones «normales» de cómo las políticas generales y las prácticas concretas de violación de derecho por parte de las empresas transnacionales pueden desarrollarse en condiciones de total permisividad e impunidad de las autoridades públicas responsables, tanto en los países de origen de las mismas como en los países víctimas de las violaciones».

Las 24 multinacionales europeas señaladas se encuadran en doce sectores productivos. En la minería: Monterrico Metals; en el área de petróleo: Repsol y Shell; en el complejo forestal-maderero: Botni; en el farmaceútico: Boheringer Roche; en las telecomunicaciones: Telecom; en la agroalimentación: Camposol, que fue la única empresa que envió un representante para su defensa al tribunal. También están Cermac Maistream, Marine Harvest, Unilever; siderurgia: Thyssen Krupp Vale do Rio Doce y Skanska; en el área de la electricidad: Suez y Unión Fenosa; en los agroquímicos: Bayer, Dow Chemical, Dole, Chiquita Brands; en la banca e instrumentos financieros: HSBC, BBVA y Grupo Santander; y en el subsector de las semillas transgénicas, Syngenta.

Algunas de ellas están acusadas en varios apartados y por diferentes situaciones, pero en casi todos los casos analizados «de forma profusa» se demuestra que el poder de las multinacionales «supera el poder político y, cuando menos, cooperan ambas partes en contra de los derechos de los trabajadores, de los pueblos y de la tierra».

En seis apartados, unas y otras transnacionales han sido acusadas por sus prácticas destructivas. En materia de relaciones laborales, el informe final del Tribunal Permanente de los Pueblos indica que «a través de la precarización y la explotación laboral, la criminalización de la protesta social, caracterizada por represiones violentas que han llegado al extremo de cometer numerosas violaciones al derecho a la vida y la libertad individual, así como la práctica de hacer imputaciones delictivas que van desde el delito de asociación para delinquir hasta el de terrorismo». Citan la persecución sindical con «despidos injustificados y masivos en Agroalimentaria Camposol, que despidió a 385 trabajadores en diciembre de 2007 y el 80% estaban sindicalizados». Esa práctica también se extiende al BBVA y Grupo Santander.

En cuanto al medio ambiente, citan los casos de la Minera Majaz,que causó efectos negativos para el Amazonas, o el caso de Thyssen Krupp «como inversión excluyente y contaminante». También se denuncia la actividad de Syngenta, presentada por Vía Campesina, por «los mecanismos de contaminación masiva, de represión violenta con fuerzas paramilitares y hasta el asesinato de trabajadores».

Derecho internacional

Francesco Martone fue uno de los miembros del jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos que enjuició la actividad de las transnacionales europeas. Es miembro del Centro Lelio Basso y ex senador italiano independiente con los Verdes, entre otros cargos.

«El veredicto final me ha parecido excelente, ya que me permite profundizar en temas de derecho internacional a la vez que acompañar a los movimientos sociales. Ha sido una continuación de lo que contamos en Viena hace dos años y todo el mundo ha trabajado mucho para dotar a los casos de mucha solidez». A su juicio, «este trabajo debe continuar, ya que estamos planteando una nueva edición en la que juzgar la Deuda Ecológica y la Deuda Histórica».

Sanción moral y ética

El Tribunal Permanente de los Pueblos resuelve «sancionar moral y éticamente, y denunciar a nivel mundial las conductas y prácticas políticas, económicas, financieras, productivas y judiciales del modelo neoliberal, implementadas y permitidas por los estados y las instituciones de la Unión Europea bajo la argucia de promover el crecimiento y el desarrollo económico para combatir la pobreza y lograr el desarrollo sostenible». También denuncia a las multinacionales «con capitales privados y públicos».

Reclaman ante los organismos internacionales como la ONU, la OIT y los gobiernos de la Unión Europea, América Latina y Caribe, que «se investiguen y sancionen las prácticas de esas grandes empresas que actúan contra los derechos humanos, ambientales y de los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas».

Francesco Martone considera que el dictamen final «debe ser una herramienta para la acción política». En este sentido, reconoce que «existe un vacío en el derecho internacional en el que los estados y las transnacionales son excluidas de cualquier responsabilidad. El Tribunal Permanente de los Pueblos busca contextualizar esos crímenes aprovechando los movimientos sociales. Identifica la responsabilidad de los estados y también la hipocresía de la Unión Europea».