La semana política ha dejado más interrogantes de los que se suponía que iban a ser despejados por el Gobierno de Lakua después de la travesía de incertidumbre que han ido gestionando Juan José Ibarretxe y su partido desde que presentara su «hoja de ruta» en setiembre del año pasado. No podía ser de otra manera, ya que ésa es, la indefinición, la gran baza con la que el PNV viene jugando sus cartas durante las últimas décadas en el escenario político vasco. Porque, incluso examinando sus raíces ideológicas, ¿a día de hoy alguien podría definir de forma breve y clara qué tiene de «nacionalista» el PNV? Por poner sólo un ejemplo, viendo cómo actúa uno y otro grupo en el Parlamento español, ¿hay alguna diferencia entre el «nacionalismo» del PNV y el de Coalición Canaria? Y si no la hay, ¿porque en Euskal Herria nadie duda en calificar al partido canario como «regionalista» mientras que en los foros políticos y periodísticos cuesta tanto adjudicar el mismo adjetivo a la formación jeltzale?

De esa indefinición se ha servido una vez más el PNV, junto a sus socios de EA y EB, para intentar presentarse ante la ciudadanía como la imagen de la «centralidad». Una imagen que, por cierto, el miércoles pasado rebosaba sonrisas en los rostros de los consejeros y consejeras del Gobierno de Lakua. Si uno cree a pie juntillas las explicaciones de Ibarretxe, el contenido de las dos preguntas formuladas en esa comparecencia institucional ni siquiera son originales: que si el Pacto de Ajuria Enea, que si la declaración del Congreso español, que si el borrador de Loiola... Es decir, que Lakua simplemente habría ejercido de «batidora» para lograr la fórmula mágica con la que se resolvería el conflicto político que obliga a Euskal Herria a transitar por el siglo XXI sin que sea reconocida como nación y, por tanto, viendo cómo sus derechos colectivos, y los de sus ciudadanas y ciudadanos, siguen siendo pisoteados por dos estados que durante siglos han hecho lo mismo desde aquí hasta los confines del mundo que ellos se aprestaron a colonizar.

Currículum negociador

En las próximas semanas, el PNV y el propio Ibarretxe seguirán ejercitando sus dotes de ambigüedad calculada. Si alguien pregunta qué pasos darán para asegurarse la mayoría de los votos en la «histórica» sesión del Parlamento de Gasteiz, responderán que el problema no es suyo, sino de los demás; si se les pregunta qué tipo de diálogo piensan entablar con el resto de los grupos parlamentarios, dejarán claro que el diálogo no forma parte de su «solución dialogada» o que, en todo caso, se reserva para sus citas en La Moncloa (las de Ibarretxe y las de Iñigo Urkullu). Es más, si alguien le plantea que es posible que el día 27 la Cámara no dé luz verde al proyecto de ley de consulta, Ibarretxe oteará el horizonte y responderá que si el 25 de octubre la ciudadanía no apoya su propuesta, se irá a casa; y si alguien tuviera la oportunidad de hacerle ver que, a pesar de sus deseos, el 27 de junio llegará inexorablemente antes que el 25 de octubre, probablemente volverá a responder lo mismo sin aclarar nada. Y, ya puestos, si durante estos días se repiten las preguntas sobre qué piensan hacer en el hipotético caso de que Zapatero se viera «obligado» a presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional español para suspender la consulta, ni Ibarretxe ni Urkullu, ni el Gobierno de Lakua en su conjunto ni cada uno de los partidos por separado, serán capaces de dar una respuesta concreta y definida.

Por tanto, será más provechoso durante las próximas semanas tomar el pulso a la ciudadanía para saber si realmente son mayoría quienes creen que la consulta se va a celebrar o quienes creen que ni habrá consulta ni hay intención de celebrarla por parte de sus promotores. Y si el PNV no quiere contribuir a aumentar el escepticismo, debería aparcar algunas de sus críticas al Gobierno español, porque cada vez que recuerda, como está haciendo estos días, que Madrid incumple constantemente el Estatuto de Gernika, lo que está dejando en evidencia es que, ¡durante 30 años!, ha estado pactando con los sucesivos ejecutivos españoles -desde investiduras a presupuestos, como Coalición Canaria- sin lograr siquiera esas transferencias que otorgaba la Constitución española a la Comunidad Autónoma Vasca. Con semejante currículum negociador, es imposible creer que el PNV vaya a liderar cualquier tipo de iniciativa basada en presionar al Estado para que reconozca el derecho de Euskal Herria a decidir su propio futuro. No será ése el tren en el que se suba Urkullu para escenificar su anunciado «choque de locomotoras» con el PSOE.

Oportunidad de consultar a la ciudadanía

Precisamente, ayer Ibarretxe y su Ejecutivo tenían otra oportunidad para demostrar que realmente creen en lo que predican. Miles de personas se dieron cita en Donostia para reclamar que el macroproyecto de tren de alta velocidad -impuesto por el Estado español con el beneplácito de sus representantes en Hego Euskal Herria- sea paralizado hasta que se consulte a la ciudadanía y que ésta decida si desea que semejante inversión sea destinada a cumplir el objetivo marcado por unos pocos en su propio beneficio. Y en este tema, como en tantos otros, no sólo se desprecia la capacidad de decisión, sino que el Estado castiga a quienes han dado cauce a la participación ciudadana en los municipios.