«El monocultivo extensivo de soja es una fábrica de pobreza»
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Gilda Roa (1980, Paraguay) es activista del Movimiento Agrario Popular (MAP) y de La Soja Mata, organizaciones que denuncian la expansión del monocultivo de soja transgénica y sus consecuencias socio-económicas, medioambientales y en el ámbito de los derechos humanos.
Mirari ISASI |
Gilda Roa ha visitado Euskal Herria para participar en un festival de cine ecológico organizado por Ekologistak Martxan, en el marco de una gira por Europa para dar a conocer la situación de América Latina y, sobre todo de Paraguay, en torno al monocultivo extensivo de la soja, destinado a producir biocombustibles, y sus graves consecuencias «para que el primer mundo pueda tener alimento». Explica que primero se utilizó como «forraje para alimentar a vacas, cerdos, pollos que consumen los europeos, y ahora alimentamos también a sus coches».
¿Con qué objetivo nació el Movimiento Agrario Popular?
Nació para hacer frente a este modelo extensivo que está arrasando las comunidades campesinas. Es una organización gremial, popular, integrada por pequeños productores sin tierra y nuestra lucha se dirige a rescatar nuestra identidad y defender nuestro territorio campesino. Reivindicamos la reforma agraria integral, la justicia social, nuestra soberanía territorial, alimentaria y cultural, y la vida.
¿Cómo está afectando el monocultivo de soja a la agricultura y a los campesinos paraguayos?
Este monocultivo necesita extensiones a gran escala y arrasa las comunidades campesinas. Un campesino vende su tierra a los empresarios de la soja y ese cultivo afecta a la producción del pequeño productor de alrededor, porque la fumigación afecta a sus cultivos y mata a sus animales. Afecta a la salud (abortos, malformaciones...), destruye la biodiversidad para conseguir grandes extensiones de terreno, contamina ríos y arroyos, envenena los cultivos de los campesinos y se apropia de las tierras y de los recursos. Tenemos que defender nuestro territorio y nuestra cultura.
¿Y sus efectos en el ámbito de los derechos humanos?
El monocultivo de soja es una de las violaciones más graves que sufrimos. Todos los seres humanos tenemos derecho a una vida digna y por querer un pedazo de tierra y defender nuestra comunidad y nuestro territorio se nos echan encima el Estado y los empresarios. Nos agreden, nos queman las viviendas, destruyen nuestros cultivos... Son violaciones que no se ven y quedan impunes. Pero, además, este modelo agrícola no sólo no crea bienestar sino que está desplazando a los campesinos a las periferias de las ciudades, donde no hay posibilidades de trabajar porque no hay industria. Les llevan a un infierno, en el que viven y se alimentan de la basura. Para nosotros es una fábrica de pobreza, mientras las multinacionales se enriquecen a costa de la población.
El éxodo aumenta.
Hay diferentes formas de sacar a los campesinos de sus tierras. Presionándoles con la contaminación hasta que acaban vendiéndolas o convenciéndoles de que se sumen a la política de producción agroexportadora. La empresa les da crédito para que adquieran lo necesario para cultivar soja generándoles una deuda tal que acaban quitándoles sus tierras y dejándoles en la calle. Les arrebatan su dignidad y los recursos para producir y alimentarse e, incluso, les privan de su forma de vida comunitaria. Es una violación total de sus derechos más elementales.
Se venden los biocombustibles como energía verde para combatir el cambio climático, pero son responsables de la crisis alimentaria.
Es una mentira que sirvan para combatir el cambio climático porque supone una destrucción total de los recursos naturales y la biodiversidad. También van a agravar la crisis alimentaria, porque, además de provocar un incremento de los precios, no ofrece una alimentación sana. Monopolizan los cultivos e imponen los precios altos, impidiendo el acceso a la compra y provocando una crisis alimentaria. Además, esos alimentos son nocivos para la salud, porque contienen soja transgénica. De a poco, nos van quitando la vida.
¿Cuál es la alternativa del MAP?
Recuperar la tierra, entregada en forma irregular para cultivar soja, y volver a producir lo que es nuestro, realizar una producción diversificada de un pequeño productor campesino para abastecer a la familia. Combatir y recuperar nuestra soberanía alimentaria para seguir viviendo en este mundo.
En ese proceso de recuperación de tierras se están llevando a cabo ocupaciones. ¿Se está consiguiendo algo por esa vía?
En 2003, una ocupación de tierra sojal entregada de forma ilegal en Tekojoja culminó, después de tres desalojos violentos, en la muerte de dos compañeros y la quema de nuestras casas , con una resolución judicial de la Corte Suprema que dice que la tierra pertenece a los campesinos paraguayos y no a los empresarios extranjeros. La sentencia, que sienta un precedente, permitió recuperar las tierras entregadas ilegalmente.
¿Cómo se pueden recuperar cuando han sido compradas?
Porque no tienen título de propiedad. En Paraguay nunca hubo reforma agraria y el Estado no se preocupó de que los campesinos titularan las tierras que lograron con su lucha y resistencia, por eso casi el 90% de las tierras en sus manos no poseen título y, mientras no lo tengan, son propiedad del Estado aunque las vendan. Y mientras sea tierra del Estado es recuperable.
¿Hay esperanza de cambio tras la victoria electoral de Fernando Lugo?
Lugo se encuentra solo en el poder ejecutivo. En el Congreso entraron las fuerzas tradicionales que venían manejando el país. Si no creamos un frente para hacer de contrapeso al poder legislativo, a Lugo no le van a dejar nada. Trabajamos en un proyecto para la mayoría que elimine la criminalización de la lucha social y que revierta la tierra que fue dada de forma irregular, mediante un catastro nacional.
Los países pobres cultivan soja para satisfacer las necesidades de los países ricos. ¿Qué piden desde Paraguay a los gobiernos y a la sociedad civil europea?
Los consumidores deben tomar conciencia de las consecuencias de este modelo y de lo que supone que ellos tengan acceso a determinados productos, que sepan que ayudan a las grandes multinacionales al consumirlos. A los gobiernos les pediríamos que den marcha atrás en sus planes de agrocombustibles, que es una política neocolonial.
«Los consumidores europeos deben tomar conciencia de las graves consecuencias de este modelo y de lo que supone que ellos tengan acceso a determinados productos»