Slim ALLAGUI France Press

Oteando a lo lejos las instalaciones de la antigua base militar estadounidense de Kangerlussuaq (Soendre Stroemfjord, en danés), Aggaluk Lynge, presidente de la organización no gubernamental Inuit Circumpolar Council (ICC) de Groenlandia denuncia: «Aquello que ves es el resultado de una anexión para construir una base militar americana», una de las muchas construidas en esta isla durante la Segunda Guerra Mundial.

Situadas en un punto neurálgico entre Europa y Norteamérica, todas han sido clausuradas a lo largo de estos años excepto la base radar estratégica de Thulé, en el nordeste de la isla.

Invitado el 28 de mayo como único representante de una ONG a la cumbre interministerial de los países ribereños del Ártico (Canadá, Dinamarca, EEUU, Noruega y Rusia) en Ilulissat, en el oeste de Groenlandia, este incansable defensor de la causa de los indígenas de aquellas tierras deplora la actitud de esos países respecto a los inuits. «No estamos dispuestos a soportar el aislamiento y el desprecio al que nos han sometido en el pasado cuando éramos vasallos. No queremos que vuelva el régimen anterior, cuando no teníamos siquiera el derecho a abrir la boca», añade.

«Ya pagamos el precio cuando nos arrebataron la soberanía, nos robaron nuestras tierras y nuestros recursos. Esto ya es demasiado y no admitiremos ser desplazados a la fuerza otra vez, como ocurrió en Thulé (1953). Exigimos ser tratados como seres humanos», reitera.

Aggaluk Lynge denuncia que los inuits «han sido marginados en el debate actual sobre el Ártico por los mismos que mantienen hoy día el control férreo sobre nuestras tierras y sobre nuestros mares».

Hablando en nombre de los alrededor de 150.000 inuits de Groenlandia, Canadá, Alaska y Siberia, Lynge sentencia que «el tiempo del silencio pasó».

«Vivimos aquí desde la noche de los tiempos y somos los únicos capaces de sobrevivir en estas condiciones climáticas extremas», recuerda, para añadir que «desgraciadamente, la mayor parte de los países de Ártico no reconocen los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, pese a que fueron asumidos por la ONU en setiembre de 2007».

La cumbre de ministros de Exteriores y de Recursos Naturales fue organizada en plena y creciente presión desarrollista de los últimos años sobre el Ártico, donde el calentamiento climático ha creado nuevos desafíos para la protección medio- ambiental de esta región, que cuenta con importantes recursos. Recursos cuyo control ha generado una carrera entre los países ribereños, que pugnan por afirmar sus «soberanías» sobre estas tierras.

«Estamos aquí»

Es por ello que «en esta nueva situación, en la que el mundo ha puesto sus ojos sobre el Ártico y sus posibilidades», los inuits exigen que «no se les vuelva a dejar en la cuneta» porque «existen como pueblo y no van a derretirse como los glaciares a causa del calentamiento climático», insiste Lynge. Para ello «es necesario -sostiene- que no se reedite la vieja actitud colonial en la que los autóctonos no tienen derechos».

En noviembre próximo, la ICC va a reunir a sus delegados en Kuujjuaq, en el Nunavik (Canadá) «para debatir una respuesta colectiva de los inuits a las grandes fuerzas -estados, industria y otros- que discuten actualmente sobre la propiedad de nuestras tierras y mares por encima de nuestras demandas».

La declaración final de Ilulissar reconocía lacónicamente que «el cambio climático y el deshielo de los glaciares tienen un impacto en la vida de las comunidades indígenas». El secretario de Estado adjunto de EEUU, John Negroponte, y el ministro canadiense de Recursos Naturales, prometieron «tener en cuenta» a los inuits. Vieja música que ya no cuela.