Aunque se empeñen en vestir de paisano, a algunos se les notan los correajes debajo de la camisa blanca con la que tratan de ocultar la azul. Ahora que el Gobierno de Ibarretxe ha puesto sobre la mesa el espinoso asunto de las «víctimas», a los editorialistas de «El Correo Español» y «El Diario Vasco» les ha salido un sarpullido que, por evidente, les delata.

Según el escriba de Vocento, el informe presentado por el director de Derechos Humanos del Gobierno tripartito sobre víctimas de motivación política «parece perseguir objetivos bien distintos a los del mero resarcimiento de quienes están incluidos en el `dossier'». Lo que les molesta es que se recuerde que hubo y hay más víctimas que las que ellos cuentan.

Para liarlo todo un poco más y que no se note demasiado el resentimiento con que hablan de las «otras» víctimas, sentencia el editorialista que «además, es inevitable asociar la presentación del informe con la celebración, mañana, en el Parlamento vasco, del pleno en que se debatirá la conocida como ley de consulta. Todo, en definitiva, invita a concluir que el informe de la Dirección de Derechos Humanos es una especie de pago anticipado por el apoyo que el tripartito espera y ansía recibir a la norma por parte de la izquierda abertzale». ¡Valiente memez!

Según los que ganaron el Alzamiento del 36, el informe es «de por sí intrínsecamente malo» porque, dice, se trata de «contraponer en el mismo plano a las víctimas a las que se refiere la Ley de Reconocimiento y Reparación con las otras de las que trata el `dossier'». Es decir, poner en el mismo plano a Melitón Manzanas y Carrero Blanco con Normi Mentxaka o Mikel Zabalza. Yo nunca lo haría.

Pero lo que le pica más que el ajo es lo que viene ahora: «Lo más grave de esta contraposición es que detrás de ella se oculta la idea de que el terrorismo que padecemos es la expresión de un conflicto político irresuelto que inevitablemente produce el surgimiento de dos bloques enfrentados y dotados de parecida, si no idéntica, legitimidad. No es, por ello, de extrañar que el informe haya sido recibido como una humillante bofetada por las víctimas del terrorismo etarra y por cuantos creen que en el fondo de la iniciativa subyace un intento de deslegitimar a instituciones claves del Estado de Derecho -fuerzas de seguridad y Justicia- para poner en cuestión la calidad misma de nuestra democracia». ¿Calidad? ¡Pero si no pasan la prueba del algodón!