El secretario general adjunto de ELA, Adolfo Muñoz, «Txiki», dejó ayer sentado que «los ataques a los derechos de negociación colectiva y de huelga y contra la libertad sindical se están convirtiendo en algo sistemático», y agregó que la propia Administración participa en esa dinámica.

Bruselas ha dado dos meses al Estado español para remitirle información de cómo piensa recuperar las ayudas que las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa concedieron a empresas con las denominadas «vacaciones fiscales» y le advierte de que podría pagar cuantiosas multas si no cumple el fallo de diciembre de 2006 del Tribunal de Justicia de la UE, que aún debe pronunciarse sobre la capacidad de las instituciones de la CAV de aplicar una fiscalidad propia.

El presidente de SEA, Juan José Azurmendi, no dudó de que la economía se encuentra en una crisis que se prolongará al menos dos años y que hará crecer el desempleo, tanto en la construcción como en la industria, aunque matizó que menos que en el Estado español.