Bruselas amaga con multas a Madrid si no recupera ayudas fiscales vascas
Bruselas ha dado dos meses al Estado español para remitirle información de cómo piensa recuperar las ayudas que las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa concedieron a empresas con las denominadas «vacaciones fiscales» y le advierte de que podría pagar cuantiosas multas si no cumple el fallo de diciembre de 2006 del Tribunal de Justicia de la UE, que aún debe pronunciarse sobre la capacidad de las instituciones de la CAV de aplicar una fiscalidad propia.
GARA |
La Comisión Europea ha dirigido al Estado español un «dictamen motivado», segunda fase del procedimiento de infracción, en el que le pide que acate la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, bajo pena de ser denunciado por segunda vez, lo que conllevaría la imposición de multas coercitivas.
Casi un año después de haberle requerido información sobre la ejecución de la sentencia, «las autoridades españolas aún no han presentado pruebas claras que permitan a la Comisión determinar si se ha reembolsado la totalidad de las subvenciones ilegales», afirma Bruselas.
En su sentencia de diciembre de 2006, la Corte europea dio la razón a la Comisión al concluir que el Estado español debía recuperar las ayudas declaradas «ilegales» por Bruselas cinco años antes. Consideró fundados los recursos presentados por la CE en los que acusaba al Estado español de no haber adoptado las medidas necesarias para suspender las ayudas y para recuperar las ya concedidas.
El contencioso se remonta a 1999, cuando la CE inició varios procedimientos por los sistemas de ayuda a la inversión en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, que establecían créditos fiscales del 45% y reducciones en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades para empresas de nueva creación y se conocieron como «vacaciones fiscales».
En 2001, la Comisión dijo que eran ayudas estatales «ilegales, incompatibles con el mercado interior» e instó al Estado español a poner fin a ese sistema y a recuperar las ayudas.
Tras conocer la sentencia de 2006, las diputaciones se mostraron dispuestas a remitir el listado de las empresas que recibieron las ayudas y solicitarles su devolución. Lakua indicó ayer que se ha recuperado ya la «práctica totalidad de las ayudas concedidas». Estas instituciones subrayaron entonces que aquella sentencia no entraba en el fondo de la cuestión y que esperaban el fallo sobre la capacidad de las administraciones de la CAV para aplicar una fiscalidad propia. Esa sentencia está aún pendiente, pero el informe preliminar de la abogada del TUE respalda esa capacidad.
Ayer, la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, incidió en que «es esencial la recuperación de las ayudas ilegales e incompatibles» y advirtió de que Bruselas hará todo lo necesario para garantizar la devolución.
El portavoz de Competencia, Jonathan Todd, precisó que Bruselas puede pedir multas. «Esperamos que las autoridades españolas tomen ahora las medidas necesarias para cumplir la sentencia del Tribunal. Si no lo hacen, la Comisión tendrá la opción de demandar a España por segunda vez y podríamos pedir que le imponga no sólo multas diarias sino también una multa de pago único», algo que no decidirá «hasta que remita a España al Tribunal por segunda vez».
La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, calificó como «esencial» la recuperación de las ayudas que Bruselas consideró «ilegales». Subrayó que la Comisión hará todo lo necesario para garantizar su devolución.
El vicepresidente del Gobierno español y titular de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, afirmó ayer que, «si finalmente la Comisión Europea impone a España una multa por no recuperar las ayudas fiscales vascas, se plantearían algunos problemas interesantes». En declaraciones a los medios y tras aprobarse el techo de gasto para 2009, señaló que «sería la primera vez en la que se multa a un Gobierno por el incumplimiento de obligaciones llevadas a cabo por las diputaciones provinciales». Explicó que es «un problema» en el que el Ejecutivo está trabajando con Lakua.
El secretario de Comunicación de EA, Mikel Irujo, por su parte, responsabilizó al Ejecutivo español al señalar que, aunque es «una sentencia de 2006 y viene de lejos», la situación existente es «consecuencia de la desidia del Ejecutivo español en la defensa del Concierto vasco y Convenio navarro».
Consideró que «cuando se llega a la situación que se llegó con la sentencia de 2006, todo esto es consecuencia de ello, es porque no han hecho absolutamente nada, nunca han movido un dedo para que el Concierto y el Convenio Económico de Navarra sean reconocidos como una capacidad fiscal autónoma ante la UE». Subrayó que «a ese proceso se llegó por la desidia, la inactividad absoluta», del Gobierno español.
