Christine Lagarde, ministra de Economía, ha presentado al Consejo de Ministros el texto del proyecto de ley relativo «a los derechos y deberes de los demandantes de empleo», una de las medidas clave con las que el Gobierno francés pretende hacer realidad la promesa de rebajar al 5% el paro de aquí a 2012.

El texto contempla una serie de medidas, entre las que figura la exclusión de las listas de solicitantes de empleo si «sin razones válidas» se rechaza la segunda «oferta razonable de trabajo» propuesta por el futuro organismo encargado de gestionar el desempleo, que surgirá de la fusión de los actuales (Assedic y ANPE). El parado y el agente que se ocupe de su caso establecerán un «proyecto personalizado de acceso a un empleo» que será actualizado periódicamente y en el que se fijarán las características y el tipo de empleo susceptible de convenirle. El agente, teniendo en cuenta la formación, experiencia y situación familiar, propondrá al desempleado las ofertas de trabajo.

El concepto de oferta razonable variará según transcurra el tiempo sin encontrar un empleo. A partir del cuarto mes, una oferta será considerada «razonable» si el salario propuesto alcanza el 95% del del empleo anterior y al sexto, lo será aunque sólo llegue al 85% y conlleve una distancia máxima de 30 kms del domicilio. Si transcurrido un año sigue sin trabajo, deberá aceptar cualquier empleo remunerado al nivel de lo que cobra por indemnizaciones o subsidio de paro, siempre y cuando no sean inferiores al salario normal de la profesión o la región. Además, el proyecto de ley no hace distinciones sobre el tipo de contrato que se le ofrece (indefinido o temporal) como condición para considerar «razonable» la propuesta.

En cuanto a la exclusión de las listas de desempleo, lo que, por ende, conlleva la pérdida de las indemnizaciones, aparte del rechazo de dos «ofertas razonables», el texto contempla otras razones como negarse a seguir una formación, no responder a una convocatoria, no someterse a una visita médica, realizar falsas declaraciones y no justificar «acciones encaminadas a buscar activa y permanentemente un empleo». No especifica las condiciones y el tiempo que durará la exclusión. Estos «pormenores» serán establecidos por decreto tras aprobarse la ley.

Se «penaliza» al parado

Los sindicatos, como era de esperar, han puesto el grito en el cielo ya que consideran que se «penaliza» al parado. Los agentes que trabajan en los organismos de desempleados se muestran, por su parte, bastante escépticos sobre la eficacia de la medida. Así, Charles Courtois, que conoce bien el mercado de trabajo vasco por haber trabajado en las ANPE de Donibane Lohizune y de Biarritz antes de su traslado a Nantes, cree que un parado de Ipar Euskal Herria se verá abocado a aceptar un trabajo en la construcción o en la restauración al cabo de tres meses aunque su formación o profesión no tenga nada que ver con esas ramas porque es donde se generan más ofertas de empleo.

La falta de diversidad en el mercado de trabajo es consecuencia, según Courtois, del sistema francés, que ha generado una «regionalización por oficios», lo que provoca que muchos diplomados en otros sectores tengan que trasladarse si quieren trabajar en su profesión. A ello se añade que, aunque en el mercado local existe una demanda de puestos cualificados, en particular en la aeronáutica, tampoco son cubiertos «porque los salarios propuestos son muy bajos».

Con la nueva ley, si entra en vigor tal cual, los desempleados se verán obligados a aceptar empleos acordes quizás con su formación, pero en zonas lejanas de su residencia y con menor salario, o bien otros que no responden ni a su formación ni a sus expectativas salariales; es decir, lo que ya se viene calificando como «trabajo-basura».