Todos los medios de difusión han incurrido en una curiosa paradoja en el tratamiento de la Ley de Consulta que anteayer aprobó el Parlamento de Gasteiz. Salvo entre los más próximos al tripartito de Lakua, apenas se encuentra quien conceda a esa iniciativa algún valor práctico. Y es que es imposible hallárselo cuando el PNV y el propio lehendakari ya han avanzado que acatarán el veto español. Sin embargo, la cuestión ha acaparado la agenda política y mediática porque bajo la iniciativa subyace el verdadero meollo del conflicto: el derecho a decidir de la ciudadanía vasca y el omnipresente veto español.

Así, se produce un enorme contrasentido, un desnivel brutal entre la notable importancia teórica de la decisión del Parlamento de Gasteiz y la insoportable levedad de su gestión posterior. O mejor dicho, de la no-gestión. En realidad, lo que la Cámara aprobó el viernes, vista la inacción anunciada por el tripartito ante el nuevo «portazo» cantado de Madrid, no es una consulta, sino una no-consulta.

La maniobra, para empezar, llega tarde para el PNV. Hace 20 años, recién estrenada la mal llamada «transición» española, sí habría tenido el impacto buscado -aunque sólo hubiera sido con fines electorales- por sus proponentes. Pero a estas alturas cada uno lleva en su mochila la carga de la credibilidad conseguida o dilapidada en estos años. Así, a nadie ha extrañado que el PSOE responda a la decisión vasca con un «no» furibundo y casi instantáneo en el tiempo. Pero, lo que es peor, a nadie ha extrañado tampoco que el PNV lo acoja con una especie de resignación cristiana. Basta escuchar a sus políticos y oír y leer los medios españoles para comprobar que nadie apuesta un duro por cualquier acción jeltzale que no sea el mero acatamiento.

Si lo que pretendía el PNV, como parece, era sólo retratar esa realidad, la Ley de Consulta es un estrambote histórico. Tras legitimar durante 30 años el estatus impuesto a la muerte de Franco, los jeltzales son corresponsables de que Zapatero pueda afirmar cosas como «la democracia tiene mecanismos de respuesta» al justificar el veto a una consulta popular, trazando una ligazón increíble entre democracia igual a régimen español y antidemocracia igual a consulta vasca. Y no hay que irse hasta Txiberta para comprobar cuánto ha ayudado a ello el PNV. Por si quedara alguna duda, el líder del PSE, Patxi López, le recordó a Ibarretxe desde la tribuna del Parlamento que en Loiola no sólo el PSOE «defendió los límites de la Constitución», sino que también lo hicieron Josu Jon Imaz e Iñigo Urkullu.

Dos «faroles», dos cursos perdidos

Con ese denominado «pleno histórico» que en realidad tuvo más de brindis al sol concluye un curso político en el que la iniciativa ha copado páginas y páginas de diarios y horas y horas de discursos, a falta de noticias más sustanciales. El modo en que el PNV la ha ido desinflando antes de llegar al 27 de junio la ha reducido a la categoría de «farol», más evidente aún cuando se apunta que el Tribunal Constitucional dispondrá de cinco meses para decidir sobre el recurso del Gobierno español a partir de su presentación. Es decir, un plazo similar al que queda hasta las próximas elecciones autonómicas.

Aunque Ibarretxe trate de presumir de aprobado raspado, el curso se despide, por tanto, con otro suspenso para la eterna asignatura pendiente de la resolución. El segundo «cate» consecutivo después de que en el anterior, el 2006-2007, fuera el PSOE quien decidiera dejar las tareas sin hacer, tras jugar también de «farol» en la mesa de negociación con la izquierda abertzale.

Cada experimento frustrado, en cualquier caso, deja su marca en el siguiente. Como botón de muestra, en el debate realizado el viernes en el Parlamento de Gasteiz se habló del último intento de mayo de 2007, se habló de Loiola, se habló de Lizarra y se habló de Zurich. Hay un fino hilo conductor entre todos ellos, aunque las rutas sean diferentes y los altibajos resulten constantes. La no-consulta de Juan José Ibarretxe, por ejemplo, no se podría entender sin el jalón puesto en Lizarra-Garazi (con su «Euskal Herriak du hitza eta erabakia»), del mismo modo que sus dos preguntas no se pueden entender sin el camino recorrido durante el último proceso de negociación 2005-2007.

Ese hilo conductor guarda varios impulsos positivos en su interior. Uno es el de la indudable ansia ciudadana de paz y solución, que hace que los partidos se sientan obligados al menos a activar sus propias estrategias de «farol» para no pagarlo electoralmente (el ejemplo del desplome del PNV en los dos últimos comicios habla por sí solo). Y otro es la actitud de la izquierda abertzale, un sector social reducido a la clandestinidad pero que no deja de incidir políticamente para tratar de levantar, una y otra vez, las condiciones necesarias para un futuro proceso de resolución.

Así lo demostraron el viernes las parlamentarias y el parlamentario de Ezker Abertzalea, con el voto decisivo a la consulta y las ocho abstenciones de denuncia de la no-consulta. Fue justo una semana después de que sus representantes pasaran por el Tribunal Supremo español para enfrentarse a la ilegalización de EHAK. Y resulta inevitable contrastar la responsabilidad de esta decisión con la insustancialidad de quienes no dudan en devaluar algo tan básico como el derecho a decidir.