Una semana y media después de que, a través de los medios de comunicación, conociesen la decisión de la Comisión Ejecutiva de BBK de clausurar la residencia en la que algunos habitan desde hace años, los usuarios de Reina de la Paz y sus familiares no ocultan su frontal rechazo a la operación anunciada por la dirección de la entidad de ahorro vizcaina y continúan con sus gestiones para tratar de paralizar la clausura del centro asistencial.

Los afectados estiman que el cierre de la residencia «no está justificado», a la vez que se preguntan por qué la Obra Social de BBK plantea ahora el derribo de esta infraestructura asistencial «cuando ha tenido diez años» para ir adaptándose a la normativa de Lakua de servicios sociales residenciales para la tercera edad. «En vez de programar una reforma de las instalaciones, que creemos que se podía haber hecho, optan por el derribo; aquí hay intereses ocultos», manifestaron, al tiempo que censuraron que conocieron los planes por la prensa.

A pesar de que los medios de comunicación informaron el 19 y 20 de junio del proyecto de traslado de los usuarios y de la demolición de la residencia, no fue hasta el 23 de junio cuando, de forma individual, una asistenta social se encargó de comunicarles la decisión. Además, se les apremia a que opten por elegir un destino «con nocturnidad y alevosía». «Nos ofrecen Loiu o Unbe, en pleno monte, cuando nuestros padres y madres eligieron este centro porque está en San Inazio, a un paso de sus antiguos domicilios o de los que sus familiares, y donde tienen a sus amistades. El traslado -aventura una de las afectadas- les afectará negativamente».

Uno de los hándicaps que presentan las alternativas propuestas por la Caja es que las comunicaciones con la nueva residencia no serán las mismas que en San Inazio, con la estación de metro a tres minutos y una buena conexión de autobuses con el centro y los barrios de Bilbo.

Los familiares están muy preocupados por la situación de «ansiedad» a la que se está sometiendo a las personas mayores. «No se nos plantean más alternativas que Unbe o Loiu y, además, les están apremiando para que tomen una decisión con rapidez y que, si no lo hacen, puede que se queden sin plaza. Esto es demencial para personas de 80 o 90 años con una salud delicada. !Qué humanidad y sensibilidad tiene la BBK!», declaró otro afectado.

El secretismo con que la entidad de ahorro que preside Xabier Irala está planteando el asunto no ha sido bien recibido. Los familiares denuncian que, por ejemplo, la dirección impide que los internos hablen con representantes de los medios de comunicación que, desde hace unos días, tratan de recabar la opinión de los afectados. «Se trata de acelerar la operación para que los ancianos abandonen cuanto antes la residencia y que no tenga mucho reflejo en la opinión pública», apuntan.

Mientras la plataforma recién constituida por familiares y usuarios trata de reunirse con responsables del Consistorio bilbaino, Diputación vizcaina y BBK, diferentes agentes efectúan gestiones para tratar de impedir el cierre de la residencia, construida en 1975 y considerada «una de las mejores de Bizkaia».

Así, el grupo de compromisarios de la izquierda abertzale en la Asamblea General de BBK ha pedido explicaciones a la dirección mientras la apoderada independentista Begoñe Agirre ha solicitado la comparecencia del diputado de Acción Social, el jeltzale Juan María Aburto, para que aporte la información que posea y los informes técnicos que, según la entidad de ahorro, obligan al derribo del equipamiento.

Diez años «dando largas»

Los representantes abertzales rechazan la clausura de Reina de la Paz y su derribo. «Tenemos constancia de que el Servicio de Inspección y Control de la Diputación de Bizkaia le ha dado varios plazos de prórroga a BBK para que se adapte a los decretos. ¿Por qué la Caja ha ido dando largas al tema? ¿Por qué -subrayaron- la BBK, en su desidia, ha permitido que se llegue a esta situación?».

«Es patético presentar a estas alturas, pasados diez años desde la publicación del decreto en 1998, como inevitable la demolición de un edificio para encarar unas reformas que se pueden llevar a cabo sin necesidad de grandes obras», señalaron, antes de asegurar que «detrás de esta operación se busca el desmantelamiento y liquidación de la Obra Social propia, siguiendo la práctica habitual de la Caja en los últimos años, que ha llevado al cierre de escuelas infantiles, club de jubilados, sanatorio de Plentzia,.... por citar algunos ejemplos. Mencionaron que la entidad también va a cerrar la residencia Bolívar, en Areatza.

Los compromisos incidieron en que la medida va a destruir empleos, especialmente entre los trabajadores que pertenecen a empresas subcontratadas; estiman que en torno a noventa. La plantilla de la Obra Social (OBS) de BBK ha pasado de los 625 empleados de 1990 a los 292 actuales.

Al querer enviar a la mayoría de los 325 usuarios de la residencia de Ibarrekolanda a un centro privado de Unbe, «promovido por Igurco -compañía integrada por el Igualatorio Médico Quirúrgico de Bilbao, grupo Urazca y Grupo Cosimet- «se busca», a juicio de los compromisarios de la izquierda abertzale, «favorecer los intereses de estos empresarios vinculados a BBK, ya que la residencia de Unbe está infrautilizada».

«La dirección de BBK opta por acelerar el cierre de varios centros propios de la OBS para desprenderse de compromisos sociales con la sociedad vizcaina. Prefiere dar dinero a particulares o trabajar en colaboración con instituciones, obligada por la ley de Cajas como entidad benéfico social, no importándole la pérdida de calidad del servicio ni la desaparición de muchos puestos de trabajo», criticaron.