Iñaki de Juana, encarcelado en la prisión de Aranjuez, ha emprendido una nueva huelga de hambre indefinida. Así, el preso donostiarra, que debe quedar en libertad el próximo 2 de agosto, ha querido responder a la solicitud realizada ayer por la Fiscalía de la Audiencia Nacional española para que se proceda al «embargo preventivo fulminante» de la vivienda de su compañera, Irati Aranzabal. El piso, situado en el barrio donostiarra de Amara, pertenecía a la madre de De Juana, quien se la donó en vida a su hija y ésta, se la vendió a la compañera de su hermano.

El embargo «preventivo» no implica que Aranzabal deba abandonar su domicilio. No obstante, sí supone la prohibición «de disponer del bien» y deja abierta la posibilidad de que se pueda ejecutar el embargo en el caso de que así se determine.

Entre las medidas solicitadas por el fiscal Ignacio Gordillo -el mismo que interpuso la querella en relación a los dos artículos de opinión publicados en GARA, por los que fue condenado a tres años de prisión, tras haber cumplido una pena de 17 años- se encuentra una petición al registro de la Propiedad de Donostia de las transmisiones y los cargos de la vivienda. Asimismo, solicita a la PolicíalJudicial que indague sobre la adquisición del piso por parte de Aranzabal.

El fiscal pide también que se deduzca testimonio para que el juzgado competente de Donostia investigue un posible «alzamiento de bienes» por parte del prisionero político donostiarra o su compañera.

El abogado de Iñaki de Juana, Álvaro Reizabal, calificó la solicitud como «un nuevo intento de linchar a esta persona», porque, «por cualquier lado que se coja y desde un punto de vista jurídico, lo que se está diciendo es absolutamente demencial».

En este sentido, asegura el letrado que «el delito de alzamiento de bienes del que se habla,presupone la comisión previa de un delito». En el caso de Irati Aranzabal, «no se da el primer presupuesto porque no ha cometido ningún delito».

En cuanto a De Juana, «muchísimo menos, porque no ha intervenido en la operación para nada» y, además, «tampoco se da el alzamiento de bienes, porque, en el caso en el que se pudiera acreditar que ese bien es suyo, no sólo no ha disminuido su patrimonio sino que lo aumenta; luego, es más solvente». En este caso falta, según Reizabal, el presupuesto sine qua non: «Constituirse en insolvencia».

Incide en que todo ello es parte de la «campaña que se ha iniciado mediáticamente a través del diario `El Mundo'. El problema parece que el domingo consistía en que este señor va a vivir en un piso en el que hay víctimas cerca. Lo que ahora pide el fiscal es que le impidan venderlo, por lo cual le obligan a vivir ahí».

Askatasuna denunció lo que califica como «una inadmisible campaña de presión e intoxicación mediática contra él y su familia», y afirmó que la medida tomada por De Juana tiene como objeto responder a ella, así como a «la política carcelaria de excepción que se aplica al Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK)». «Tras cumplir tres años más de condena -continúa el escrito del organismo antirrepresivo-, el Gobierno del PSOE está haciendo ahora todos los intentos para continuar castigando a Iñaki y a su familia, con todos los instrumentos que tiene en su mano», entre los que cita al sistema judicial y a los medios de comunicación.

Nada más conocerse la petición de embargo, partidos y cargos políticos salieron a la palestra para valorarla. El portavoz del PSOE en el Congreso español, José Antonio Alonso, calificó la decisión de «lógica y adecuada y que desde luego, tiene que tener el recorrido que permitan las leyes según la interpretación que hagan los jueces». En la misma línea, el presidente del PP, Mariano Rajoy, afirmó que la petición de la Fiscalía es «muy correcta».

El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social de Lakua, Joseba Azkarraga, por su parte, afirmó que «se están saltando muchos límites» en relación al caso de Iñaki de Juana. También se manifestó el portavoz del PNV en el Senado, Iñaki Anasagasti, que afirmó que existe una «campaña manipulada» contra el preso vasco, a quien hay que «dejarle hacer lo que le dé la gana» porque «ya ha cumplido prisión».