Cuando se pone en cuestión que el Estado español sea un Estado de Derecho y, por ende, una democracia, la mayoría de los medios de comunicación y partidos políticos españoles, y algunos vascos, aparentemente indignados, se llevan las manos a la cabeza ante semejante, dicen, infamia. En Euskal Herria, sin embargo, la labor de los distintos aparatos estatales les deja en evidencia. Hoy, desgraciadamente, este diario pasa a ser lo que nunca debería ser más allá de su quehacer informativo: noticia. Y nos vemos obligados a presentarnos ante nuestros lectores y ante la sociedad vasca con la denuncia presentada por las escuchas policiales de las que es objeto.

Habrá quien piense que esto, más o menos, es «normal», hasta tal punto estarían algunos asimilando o, peor aún, aceptando una situación absolutamente intolerable e inaceptable desde el punto de vista de los derechos más básicos. Pero no permitamos que un Estado de Derecho que no es tal socave hasta ese punto la percepción de las cosas. Descubrir secretos o vulnerar la intimidad interceptando telecomunicaciones o utilizando artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción está tipificado incluso en el Código Penal de quienes (el Estado español, en el caso que nos ocupa) dicen ser adalides de la democracia, y es mucho más grave cuando es cometido por la autoridad o funcionarios públicos. Y es especialmente grave cuando a quien afecta ese hecho es a un medio de comunicación, como es el caso, puesto que interceptando sus comunicaciones se pone en peligro el secreto de las fuentes de información, y de ese modo se está atentando contra un derecho fundamental, el de emitir y recibir información veraz.

Es un hecho extremadamente grave, así lo hacemos constar y así lo denunciamos. Y somos muy conscientes, obviamente, de que no es un hecho aislado, de que las escuchas policiales en Euskal Herria son, lamentablemente, algo habitual y muchas veces denunciado (y demostrado), tanto por las personas, partidos políticos, asociaciones u organizaciones afectadas como por algunos medios de comunicación, y en especial por éste que tienen en sus manos.

En nuestro caso, no podemos sino lanzar al aire varias preguntas: ¿Con qué objeto se espía a GARA? ¿Cuántas de sus líneas telefónicas están interceptadas y son desviadas a oficinas policiales? ¿Desde cuándo tienen lugar? ¿Quién ha ordenado la realización de esas escuchas policiales? Habrá quien sostenga que, pese a todo, es un Estado de Derecho; muy bien, pero, entre otras cosas, se espía a los medios.