La consulta tiene fecha, el 25 de octubre, puesto que así lo ha determinado el Parlamento Vasco en ejercicio de sus soberanas atribuciones. Pero resulta que, inmediatamente después de haber sido publicado lo aprobado por el Parlamento Vasco en el Boletín Oficial, desde el Estado han puesto en marcha una «operación política», con el propósito de que sea el Tribunal Constitucional quien declare ilegal la convocatoria, violentando, una vez más, un derecho tan fundamental como es el que le corresponde a cualquier pueblo de la Tierra a ser consultado sobre una importante diversidad de temas -entre ellos, decidir sobre su futuro-. Quedan lamentablemente exceptuados de ejercer estos derechos aquellos pueblos que sufren la opresión de salvajes dictaduras, ocupaciones territoriales o imposiciones por parte de uno o varios estados, los cuales se inmiscuyen en la vida diaria de los mismos impidiendo el normal desarrollo de estos colectivos humanos, que forman parte de las denominadas «naciones sin estado», y que resisten de la mejor forma posible ante estas permanentes humillaciones.

Mucho se argumentará en estos días sobre la legalidad de la consulta y sobre la necesidad de dar marcha atrás cuando en agosto, septiembre, o cuando fuere, el Tribunal Constitucional informe de que la norma viola la Constitución del Estado español. Lo importante será estar preparados para recibir «la buena nueva», a la cual le agregarán argumentos o amenazas directas que se pondrían en práctica en caso de no acatarla. Entre esas amenazas estarán que se puede suspender la autonomía, que se puede ocupar el territorio... Cuestiones éstas, como muchas otras, que si las analizamos con una delicada lente ya constituyen una realidad, al menos para una gran parte de la sociedad vasca.

Ni Zapatero, ni Rajoy quieren dialogar. Sus dos partidos piensan lo mismo, al menos desde la puesta en marcha del «pacto antiterrorista», que firmaron en el año 2000 con el argumento de luchar contra ETA pero con el fin oculto de liquidar todo lo que huela a vasco. En este sentido, «Egin», 18/98, Udalbiltza, la dispersión de los presos vascos y la judicialización de la política son contundentes ejemplos de lo antes dicho. Bien podrían el PP y el PSOE fusionarse como un solo partido, dando de esta manera mayor sustancia al nacionalismo constitucional español. Después de todo, piensan lo mismo, actúan de la misma formar y ponen en práctica las mismas recetas para conculcar los derechos del pueblo vasco.

Estos son los días que deberán vivir los vascos de allí, y también quienes están esparcidos por el mundo. En tal sentido, desde este momento y hasta el 25 de octubre, habrá que soportar declaraciones y amenazas que rozarán el insulto de parte del PSOE y el PP, como así también las vacilaciones o dudas de parte de algunos personeros de la centralidad vasca. Hay un pueblo que espera con ilusión resolver el conflicto y ejercer sus derechos. Por ello, es nuestra obligación moral militar en la consulta hasta el hartazgo. Resulta más que urgente internacionalizar el conflicto, llevando nuestra voz y la denuncia sobre este nuevo intento de opresión cuyo objetivo es nuestro pueblo vasco. En tal sentido, resulta fundamental conseguir apoyos en Europa, la ONU, la OEA y otros organismos, y dejar de subestimar la importante labor que puede llevar adelante la Diáspora Vasca en el mundo entero. La consigna ahora debe ser: «prohibido retroceder».