Yo también pinté de azul las paredes de la Ahóndiga, (estaban desconchadas y muy sucias); yo también limpié los escombros que había dentro del edificio, (estaba abandonado por el Ayuntamiento desde que se incendió en 2003); yo no ocasioné destrozo alguno en el patrimonio de nuestra ciudad, (bueno sí, rompí un candado)». Los padres y madres de los diez jóvenes de Urduña que han sido denunciados por el gobierno municipal han difundido este escrito, animando a todos aquellos que estén disconformes con la actuación del consistorio a que acudan al Ayuntamiento y registren este texto, «o algo similar que se te ocurra». Porque entienden que no es de recibo que el alcalde mantenga una denuncia contra unos jóvenes, integrantes de la Gazte Asanblada, cuyo único delito consiste en haber entrado en los bajos de un inmueble pendiente de rehabilitación, y tratar de limpiarlo y acondicionarlo.

De la misma opinión son los casi 1.500 convecinos -el doble de los votos que obtuvo el primer edil jeltzale en las elecciones municipales- que han firmado para que se retire la denuncia, y los 25 grupos culturales, sociales, políticos y sindicales que se han solidarizado con los chavales.

Sin embargo, el Ayuntamiento, comandado por el alcalde Ricardo Gutiérrez, alega que los jóvenes entraron sin autorización y dañaron el edificio, y hace oídos sordos a esta demanda. Así, en el pleno celebrado el miércoles de la semana pasada, la petición de retirada de la denuncia obtuvo el apoyo de los dos concejales de URE y del edil de EB, mientras que los cinco representantes del PNV y el del PP votaron en contra.

«Estamos orgullosos»

Ante este panorama, los padres y madres de los jóvenes denunciados han hecho público un manifiesto con el que pretenden dejar en evidencia las «mentiras» que, según señalan, han sido vertidas desde el consistorio. A este respecto, explican que, frente a la versión institucional, sí fue el Ayuntamiento el que, en la persona del concejal Mikel Zarobe, se presentó en la comisaría de la Ertzaintza en Laudio e interpuso la denuncia, y niegan que la letrada del Ayuntamiento propusiera en abril de 2007 un acuerdo. «No hubo tan siquiera ningún contacto. Les invitamos a que presenten alguna prueba», interpelan. También desmienten la afirmación de que «si quitan la denuncia se les perjudica más a los jóvenes», ya que «con el pretendido acuerdo el Ayuntamiento se erige en juez y les condena a trabajos en beneficio de la comunidad, cuando precisamente nuestros hijos e hijas llevan 10 años realizando actividades para toda la juventud orduñesa».

En el texto se rechaza, asimismo, que el PNV haya querido negociar algún acuerdo con los jóvenes, detallando que «se les presentó deprisa y corriendo un documento con el sello del Ayuntamiento para que lo firmaran tal cual, sin posibilidades de modificación». Ese documento es el que este partido llevó al pleno, pensando que se iba a aprobar por unanimidad, cosa que no sucedió, al votar tres ediles a favor de que se retirara la denuncia. Respecto a la querella, explican que no es cierto que el Ayuntamiento pueda sustituir las penas de cárcel y multa por trabajos comunitarios, porque «los únicos estamentos oficiales que pueden hacerlo son el ministerio fiscal y el juez».

Tras desnudar varias otras «mentiras» consistoriales, las madres y padres de los diez jóvenes afectados advierten de que «estamos orgullosos de ellos y ellas, y no nos van a callar hasta que el Ayuntamiento retire la denuncia». Destacan a este respecto que en el documento que llevaron al Pleno PNV y PP reconocen que los denunciados no tuvieron intención de realizar daños en el Patrimonio. Por ello, preguntan: «¿A qué esperan para retirar la denuncia?».