El proyecto de reforma de las instituciones se ha convertido en todo un quebradero de cabeza para el presidente de la República francesa. Nicolás Sarkozy agitó el estandarte de la modernización del Estado durante su larga campaña de desgaste contra Jacques Chirac. En cierta medida, aquella promesa le sirvió para desprenderse de la pesada herencia de un mandatario aferrado al Elíseo para tratar de evitar a los tribunales.

Dicho y hecho. Conquistada la Presidencia, Sarkozy se lanzaba a un ritmo frenético de propuestas, iniciativas y cambios cuyo balance es, sin embargo, un tanto desigual. Con las medidas de choque en el plano social y laboral, el presidente francés ha alentado un grado de contestación en la calle que, pese a los devaneos de algunas fuerzas sindicales, se ha mantenido constante hasta que el verano ha impuesto una tregua.

Las reformas de cambio de estatutos en sociedades de interés público, la reducción drástica de los puestos de funcionarios, los cambios propuestos en las universidades, en el modelo de pensiones.... se han traducido en una oleada de protestas que han provocado alguna que otra sorpresa en el Elíseo. Una abrumadora mayoría no es sinónimo de capacidad ilimitada de imposición política. Del mismo modo que la prolongada crisis de la izquierda institucional, y en particular del Partido Socialista, no implica de forma automática una desafección ciudadana hacia las formas de protesta frente a las recetas ultraliberales.

La gestión misma del proyecto de ley aprobado ayer tarde por un voto de oro deja en evidencia que estamos ante una reforma que no se sitúa al mismo nivel que otras, lo que no quiere decir que el texto finalmente adoptado merezca ser definido de hito de transformación. En el negociado preliminar del proyecto, socialistas y conservadores pactaron los límites de los cambios. Nada de alterar el modelo electoral para dar paso a un sistema más proporcional. El «cepillado» principal lo llevó a cabo más tarde el Gobierno, dejando también de lado la propuesta de la comisión Balladur de poner coto a la acumulación de cargos. No se trataba, por tanto, de democratizar el sistema, a lo sumo de adaptarlo a nuevos usos. La reforma no reduce, sólo enmarca de forma más exhaustiva, la larga lista de atribuciones del presidente, como tampoco amplía, a lo sumo estructura de forma más lógica, la actividad legislativa. ¿No es algo lógico que la agenda de la Cámara se decida en el Parlamento?

Por muchos motivos se impone una fuerte sensación de que estamos ante una reforma que ha perdido rango, por no hablar de las lenguas minorizadas, esa «parte del patrimonio de Francia» que ha pasado de ser citada como coletilla en el artículo primero de la Carta Magna a esconderse en el Título XII.