La «Declaración para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social», que esta semana firmaron en Madrid el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, los máximos responsables de las patronales Jesús Bárcenas, por Cepyme, y Gerardo Díaz Ferrán, por CEOE, y los responsables sindicales José María Fidalgo, de CCOO, y Cándido Méndez, de UGT, adelanta la llegada de nuevas reformas al escenario socioeconómico y laboral. No supondrá beneficio alguno para los trabajadores, por si alguno esperaba nuevos aires. Cada vez que esos actores han alcanzado acuerdos en conjunto o entre varios de ellos, los trabajadores no han ganado. Sin embargo, sí conllevará mejoras para que los empresarios obtengan ayudas para cotizar menos o tener las manos libres para despedir con más facilidad.

En el fondo, por otro lado, se encuentra la intención de la reforma de la negociación colectiva para que pivote sobre el escenario estatal, en Madrid en concreto, y reste importancia a otros ámbitos. Los firmantes reconocen que «si el comportamiento responsable de los interlocutores sociales ha sido clave en un contexto económico favorable para facilitar el proceso de creación de empleo, en el contexto actual, este ámbito bilateral de negociación adquiere una especial relevancia para seguir mejorando las condiciones de las personas que trabajan, evitar pérdidas de competitividad y destrucción de puestos de trabajo». El Gobierno español, Cepyme, CEOE, CCOO y UGT obvian, como está claro, que en los últimos quince años de bonanza económica y beneficios espectaculares de las empresas, los salarios reales de los trabajadores han caído y, por lo menos en Hego Euskal Herria, la contratación precaria ha avanzado. De hecho, el vicepresidente económico español, Pedro Solbes, se ha referido estos días a la necesidad de apostar «por la moderación salarial» por la crisis económica actual. Ni más ni menos, que lo que ha ocurrido con la bonanza económica.

Apuesta por la salud laboral

Otro de los «objetivos prioritarios de la nueva etapa», a juicio de los firmantes, es la seguridad y la salud en el trabajo. «La siniestralidad -dicen los cinco firmantes de Madrid- es la antítesis del empleo de calidad que la sociedad exige, y una economía requiere». Esta llamada repetitiva se une a la demanda de intensificar la actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ambas demandas no son nuevas. No hace mucho tiempo, Fernando Rodrigo, responsable de Salud Laboral de CCOO, reconoció, a pesar de ser uno de los firmantes, que desde que hace más de un año se fijó la estrategia española para la Seguridad y la Salud en el Trabajo no se ha puesto en marcha su contenido. También hablan de inmigración orientada al empleo, cuando se está propiciando que los inmigrantes se marchen cuanto antes para que no tenga un efecto más negativo en el paro. O de igualdad en el empleo, cuando la desigualdad entre hombres y mujeres en el trabajo es enorme. Muy cerca nos queda el caso de Indusal.

ELA critica el acuerdo y afirma que «supone un paso más en la línea llevada en los últimos años» y adelanta que «llegarán nuevos recortes de derechos. Si bien es cierto que se elude de manera premeditada la palabra `reforma', es obvio que las materias anunciadas no pueden ser llevadas a cabo sin reformas legales», precisa.

En este caso, ELA cita en concreto la extensión de las ETT a las actividades que estaban vetadas en la actualidad, como es, entre otros, el sector de la Construcción; la reforma laboral en materia, al menos, de la negociación colectiva y, por otro lado, la reforma en lo relativo a las pensiones, ya que en la última reforma practicada se elevó el tiempo mínimo de cotización para tener acceso a una pensión. Lo principal, sin embargo, para ELA, es que esa declaración «evita fijar responsabilidades de la crisis económica». No admiten que «las causas de la desaceleración nada tienen que ver con los salarios o el gasto social; que los beneficios empresariales son los que inciden en la subida de la inflación; que las rentas empresariales y de capital han sido las que se han beneficiado de la expansión, mientras que las rentas de trabajo han perdido participación en la riqueza generada; y, por último, que las políticas públicas han favorecido a la clase empresarial, en detrimento de la clase trabajadora».

CGT aseguró que la declaración de diálogo social representa «una puesta de escena» de un acto «lleno de cinismo e hipocresía y falto de autocrítica sobre las causas, los efectos y las soluciones de la profunda crisis», «que parece que ha surgido de la nada».