Esto es lo que han propuesto p�blicamente dos concejales socialistas del Ayuntamiento de Donostia a partir de las agresiones de tipo sexual ocurridas en Villabona y Donostia a finales de julio y primeros de agosto, protagonizadas por varios menores extranjeros no acompa�ados, acogidos en el sistema de protecci�n de la Diputaci�n de Gipuzkoa. Parece que la propia Diputaci�n hab�a pedido ya en el mes de abril la expulsi�n de estos menores, presentada como reagrupaci�n con sus familiares o como repatriaci�n, a la vista de su historial delictivo

La medida de expulsi�n de un menor no acompa�ado por causa de comisi�n de un delito implica un cambio en la legislaci�n actual. Hace cinco a�os se public�, por parte de la Fiscal�a General de Estado, la Instrucci�n 3/2003, en la que se dec�a que los menores no acompa�ados, a partir de los 16 a�os de edad, deb�an considerarse emancipados a todos los efectos y se les deb�a aplicar, por tanto, la misma legislaci�n que a los mayores de edad. Esas Instrucciones vulneraban la legalidad estatal y la internacional en materia de protecci�n de menores, y fueron derogadas a finales de noviembre de 2004, y creo que con buen criterio.

�Por qu� dos concejales socialistas de Donostia proponen ahora volver a adoptar medidas muy semejantes a las que fueron derogadas por el Gobierno de su propio partido? �Es sensata, adecuada la propuesta? Creo que no. �Por qu�? Uno, porque la aplicaci�n de una medida de esas caracter�sticas invalidar�a en la pr�ctica cualquier esfuerzo de recuperaci�n personal y social a trav�s de los instrumentos que para ello, a pesar de las carencias, existen en nuestra sociedad. Dos, porque el tratamiento, la educaci�n, trabajar la asertividad y la empat�a, su recuperaci�n personal y social deber�a ser algo que se hiciese aqu�, que es en realidad el �nico sitio donde se podr�a hacer. Tres, porque en su doble condici�n de menores no acompa�ados y extranjeros tiene que primar su condici�n de menores. El esfuerzo educativo y reinsertador se intenta, con m�s o menos medios, con mayor o menor fortuna, en el caso de los menores aut�ctonos acogidos por entidades p�blicas cuando cometen un delito. �Por qu� no continuar haci�ndolo tambi�n con los menores extranjeros?

�Piensan, acaso, que la expulsi�n de esos menores a Marruecos permitir� y facilitar� su tratamiento educativo y reinsertador? Esos pol�ticos saben que eso no es verdad, que hay m�ltiples informes que muestran que los menores retornados sufren como tratamiento principal la represi�n y el castigo. Saben tambi�n que el diferencial entre el sistema de protecci�n de menores y asistencia social existente aqu� con respecto al sistema de Marruecos es enorme. Y saben que la reagrupaci�n de un menor (si es con su familia) o la repatriaci�n (si se le entrega a las autoridades de su pa�s), seg�n la legislaci�n internacional y la espa�ola, deber�a tener como fin primordial la salvaguarda del inter�s superior del menor. A pesar de los cambios que en Marruecos se han dado en relaci�n con el C�digo del Trabajo, el C�digo de Familia y el C�digo Penal, se est� muy lejos de la existencia de una pol�tica social que proteja a la infancia y la adolescencia de una manera integral.

Cabe preguntarnos si el inter�s superior del menor, que invitar�a a su no expulsi�n, tiene que ser salvaguardado cuando es el autor de un delito, incluso con fuerte impacto en la opini�n p�blica. Estimo que s�, pues la comisi�n de un delito no cambia su condici�n de persona, de menor, de persona en construcci�n, con la que se tiene que intentar trabajar para evitar en la medida de lo posible su destrozo ps�quico y social. Los seres humanos, y de una manera muy espec�fica los adolescentes, aunque a veces nos cueste creerlo, somos perfectibles, podemos cambiar, podemos aprender a respetar a las personas.

Hemos ido construyendo unos sistemas jur�dicos, creo que para bien, alejados de la venganza, aunque sabemos que la venganza no nos es ajena. En nuestro sistema jur�dico la pena no es un reflejo directo del crimen, sino relacionada y proporcional a otras penas, dentro de un sistema. La justicia repara una ruptura del orden social, pero puede no compensar directamente la ofensa sufrida por el individuo o el reflejo que ello pueda tener en la opini�n p�blica. Por ello, la propuesta, que implica un a�adido y un cambio de fuerte contenido punitivo en el sistema actual de protecci�n y tratamiento de los menores no acompa�ados, creo que debe ser rechazada.

Una �ltima cuesti�n. Venimos planteando en escritos, informes y charlas que uno de los problemas en la sociedad vasca en general y en la guipuzcoana en particular es el de la instalaci�n de la desconfianza, el miedo y en cierta medida el odio contra los menores no acompa�ados, la inmensa mayor�a de los cuales provienen de Marruecos. Esa xenofobia, bastante extendida, es una dificultad a�adida a las propias del trabajo con menores necesitados de un fuerte apoyo educativo para su construcci�n personal y la de su proyecto migratorio. Se ha construido una imagen muy negativa de esos menores, estigmatizadora del conjunto e independiente de la persona, que prima el hecho objetivo de ser un menor no acompa�ado frente a cualquier otra consideraci�n de �ndole personal o social. Desmontar esa construcci�n, ese imaginario, supone un gran esfuerzo. Es obvio que actos como los comentados no ayudan a modificar las im�genes, pero teniendo en cuenta el tipo y la globalidad del problema, valdr�a la pena que especialmente los pol�ticos y los medios de comunicaci�n se lo pensasen dos veces antes de abordar sus historias o de proponer seg�n qu� medidas punitivas.