Un alto porcentaje de los miembros de ETA provienen de las filas de la violencia callejera. La estructura de la banda se nutre de este caladero que le aporta gran número de legales, es decir, activistas no fichados por la Policía», señalaba un reportaje que, bajo el singular título de «El huevo de la serpiente: uno de cada tres acaba en ETA», recogía el recién inaugurado diario español «Público» en su edición del 22 de octubre.

Para entonces, rotativos como ``ADN'' ya habían contribuido a dar forma a las premonitorias declaraciones del ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Las hizo en verano en 2007, pero las ha vuelto a reiterar cada vez que ha tenido que dar cuenta de los operativos policiales contra jóvenes de todos los herrialdes vascos en los últimos meses: «La kale borroka es el campo de entrenamiento, bien siniestro, de la banda terrorista ETA».

Esta filosofía ha impregnado las «informaciones» que han ido acompañando los diez operativos policiales realizados en esta campaña en los últimos tiempos: salvo uno que fue realizado por la Policía francesa y otra por la Ertzaintza, la Policía española ha tenido la exclusividad de las redadas, aunque en Burlata o Barañain, el último, también ha intervenido la Guardia Civil.

«El 30% de los jóvenes...»

«Nadie empieza poniendo bombas; lo normal es que se empiece tirando cócteles» o «el 30% de los jóvenes que empiezan en la llamada violencia de baja intensidad acaban dando el salto a la violencia de alta intensidad» son algunas de las frases que ha repetido Rubalcaba tras cada operación policial que se ha realizado bajo el manto de la Audiencia Nacional. Así las cosas, el pasado domingo el ministro daba un nuevo salto dialéctico para afirmar que kale borroka y ETA deben perseguirse con la misma intensidad, criterio que hizo suyo al día siguiente el consejero de Lakua Joseba Azkarraga.

Ese porcentaje ya había sido utilizado en octubre por distintos medios, siempre bajo la coletilla de «fuentes policiales». El mismo «Público» afirmaba que «un 30 por ciento de estos jóvenes se acaban integrando en un comando. O lo que es lo mismo: uno de cada tres cruza la tenue frontera que separa el cóctel molotov de la pistola».

Para entonces ya se habían producido los primeros operativos, como el de julio en Gasteiz, tras el que el ministro español del Interior advertía de que «no será la última». La organización juvenil Segi y la oposición al Tren de Alta Velocidad han sido objeto prioritario de criminalización en todas las redadas. Teniendo en cuenta que en 2007 el Tribunal Supremo español tildó de «terrorista» a Segi, esa imputación ha sido ya directamente atribuida por los medios contra todos los jóvenes vascos que han sido detenidos hasta la fecha, sin que se precisaran más acusaciones concretas. Fernando Grande-Marlaska, el juez de la Audiencia Nacional que instruye los operativos contra la kale borroka de estos últimos meses, lo ha hecho de modo recurrente.

En esa dinámica propagandística, ni los medios ni las FSE han tenido rubor alguno en mostrar como «pruebas incriminatorias» contra los jóvenes detenidos panfletos informativos sobre el TAV o DVDs de Segi, públicos y de fácil adquisición en Euskal Herria, supuestamente hallados en los regis- tros de sus domicilios.

Mientras «Público» preconizaba en octubre que la apuesta de Madrid iba a ser la de «eliminar» ese porcentaje del «30 por ciento» que, según Rubalcaba, acaba en ETA, ``ADN'' daba cuenta del montante total que tienen que pagar las arcas públicas por los gastos ocasionados por la kale borroka. Para los medios, las pintadas y el lanzamiento de huevos o botes de pintura también se enmarcan en lo que definieron en los años 90, en el contexto de las protestas contra la autovía de Leitzaran, como kale borroka.

El citado rotativo informaba de que reponer un contenedor cuesta a un ayuntamiento cerca de 260 euros; las papeleras, 11 euros; y la eliminación de cada pintada, 46. Los autobuses destruidos elevan la cifra hasta los 252.000 euros. ``ADN'' cuantificaba incluso la «sangría mensual» que, a su juicio, ocasiona la kale borroka en Euskal Herria: una media de 290.000 euros.

Incluso una cátedra universitaria

La atención que acapara el conflicto político y armado que padece Euskal Herria y los intereses que genera también su negación llegan hasta el punto de que en la Universidad Complutense de Madrid existe una Cátedra de Economía del Terrorismo, que dirige Mikel Buesa -presidente, a su vez, del Foro Ermua- y que evidentemente centra su labor en Euskal Herria.

Según el estudio que presentó la citada cátedra el pasado mes de enero, desde que la organización armada ETA decretara el alto el fuego de marzo de 2006 hasta finales de 2007 en Euskal Herria se produjeron «más de 800 altercados de violencia callejera, los cuales han dejado daños materiales estimados en más de 7 millones de euros». Sin exponer todos los datos, el estudio cuenta que el año pasado se llevaron a cabo 527 ataques que ocasionaron unas pérdidas de 4,2 millones de euros, contra los 275 actos que contabilizaron en 2006. Como botón de muestra, el estudio apunta a que en enero de 2007 se llevaron a cabo 78 actos, 43 en febrero y setiembre, 115 en mayo o 62 en octubre.

Incluso la Europol se ha dedicado por primera vez a cuantificar las consecuencias de los actos de sabotaje realizados en Euskal Herria. Sus datos no coinciden con los ofrecidos por la cátedra que dirige Buesa. El pasado mes de abril Europol informaba de que en 2007 hubo 254 sabotajes en Euskal Herria. Apuntaba además que este tipo de ataques disminuyeron en frecuencia en 2006 después de que ETA declarase el alto el fuego en marzo, pero que volvieron a intensificarse durante la segunda mitad de 2006 y continuaron en 2007.

GARA también ha hecho un recuento de los actos denominados como kale borroka que hubo en el periodo que transcurre desde el 24 de marzo de 2006 al 6 de junio de 2007, inicio y fin del alto el fuego decretado por ETA, según lo publicado por este diario en ese periodo y teniendo en cuenta las reivindicaciones recibidas, en muchas de las cuales se critica que han sido silenciadas. La cifra obtenida disminuye sobremanera respecto a los datos que ofrecen la Cátedra de Economía del Terrorismo y Europol, fijando en 211 los actos de kale borroka ocurridos en el conjunto de Euskal Herria en ese tiempo e incluyendo todos los sucesos que desde instancias gubernamentales definen como ataque o sabotaje.

Pero lo más interesante puede ser el detalle de su evolución en ese periodo marcado por los altibajos en el proceso de negociación. Como muestran los gráficos, los meses de setiembre y diciembre de 2006 y los de enero y abril de 2007 cuentan con el mayor número de actos de sabotaje. Para acercarse a su razón de ser, lo lógico es acudir directamente a las reivindicaciones realizadas por comunicaciones anónimas. En setiembre de 2006, por ejemplo, las asunciones de la quema de un autobús en Barakaldo y del ataque contra la estación de EuskoTren de Errenteria denunciaban en exclusiva «la situación de Iñaki de Juana y las condenas para toda la vida» impuestas a los presos políticos vascos. En enero de 2007, hubo varias reivindicaciones que aludían a la segunda huelga de hambre de De Juana, a los «ataques jurídico-políticos» contra la izquierda abertzale y también a la decisión del Supremo español de definir a Segi como «terrorista» y el encarcelamiento paralelo de una veintena de jóvenes vascos.

Estas reivindicaciones evidencian por sí solas el carácter de estos ataques. Incluso los medios españoles y jueces que constantemente y de forma premeditada intentan «despolitizar» la kale borroka lo reconocen de modo puntual, y aunque sea de forma indirecta. El reportaje de «Público», sin ir más lejos, finaliza citando que «el juez Baltasar Garzón, en uno de sus últimos autos, destacaba que tras la detención de la Mesa Nacional, el pasado 4 de octubre, los actos de violencia callejera habían crecido de modo `exponencial', un 465,2%».

Pese a esta constatación objetiva, no son pocos los representantes políticos y medios que se refieren a quienes recurren a la kale borroka como «descerebrados» o «inútiles», como si esas acciones no se llevaran a cabo de forma consciente y con una finalidad política. El propio incremento represivo constante que en materia penal ha desarrollado el Estado español contra la kale borroka deja claro también que no es un fenómeno de «gamberrismo». Cruzar coches o quemar contenedores es motivo de cárcel en Euskal Herria, pero se salda a lo sumo con una multa administrativa en el Estado español.

El papel predeterminado de los medios

El papel de los medios de comunicación y la terminología que emplean para referirse a los ataques y sabotajes que se repiten en Euskal Herria cuenta ya de por sí con una carga política, propia de la evidente existencia de un conflicto político de fondo entre el Estado español y francés y Euskal Herria.

La presunción de inocencia, por ejemplo, brilla por su ausencia. De forma sistemática y empleando como única fuente a las FSE, muchos medios prejuzgan directamente a los detenidos, que no pocas veces quedan libres. En algunos casos se han utilizado falsedades evidentes: en el caso del operativo de Donostia, por ejemplo, no hubo rubor alguno en afirmar durante varios días que uno de los jóvenes a los que la Policía española no encontró había sido previamente detenido por la Guardia Civil, extremo que era falso pero que ningún medio comprobó, pese a lo sencillo que resultaba.

El discurso y la terminología que emplean la mayoría de los medios comunicativos fue objeto de análisis en el libro «Al filo de la (in)comunicación», que publicaron los profesores universitarios Petxo Idoiaga y Txema Ramírez de la Piscina. En el reconocen que la mayor parte de los rotativos «recurre sistemáticamente ora a la espectacularidad -`apéndices del terror', `los chicos del molotov'-, ora a la manipulación -`marginalidad juvenil', `nazi-comunistas'-». Los académicos subrayan además que «ateniéndonos al perfil oficial, los jóvenes que practican la denominada kale borroka están casi predestinados a ello, ya que son poco menos que `inadaptados sociales, drogadictos y pirómanos por naturaleza'».

Así las cosas, tras la filosofía de detención «preventiva» patentada por Rubalcaba, tras la eliminación del requisito de las pruebas en la Audiencia Nacional y tras el aval de los medios de difusión, los procedimientos se invierten. No son las FSE los que prueban la culpabilidad del detenido, sino el arrestado el que tiene que probar su inocencia, aunque sólo se le acuse de relación con Segi o de tener información contra el TAV. Pero incluso los operativos se camuflan en las sentencias -en el apartado de la derecha se explica el porqué-; si el Supremo dice que Segi es «terrorista» y que fagotiza la kale borroka como complemento de la lucha armada de ETA, para actuar contra Segi las FSE deberían ligar al detenido con la kale borroka. Una paradoja más que difícilmente se podrá resolver a golpe de redadas.