La aparición de Internet no supuso ningún problema social ni político para los estados que podían asumir el nacimiento de esta nueva forma de comunicación -tan importante como el invento de la imprenta, pero quizá menos transcendente en apariencia- por el hecho de partir de un entorno donde las comunicaciones transcurrían ya con relativa fluidez. Sin embargo, con el paso del tiempo, con la llegada de la banda ancha, la (escasa) competencia en precios por prestación de servicios de conexión y tránsito de datos, más la notable bajada del costo de los ordenadores, Internet se popularizó de tal manera que sus posibilidades comenzaron a preocupar a todo tipo de gobiernos.

En la actualidad, el Sistema es ya consciente del enorme potencial de Internet (incluido el correo electrónico), por lo que siente la necesidad de regularlo, en el mejor de los casos, y de controlarlo, en el peor de los escenarios. Desde Occidente, los estados, sutilmente, prefieren que no se celebre ningún debate ciudadano, pues cualquier restricción o control de Internet no es popular, por lo que les viene de maravilla -y por esta vía optan- que sea el Parlamento Europeo, en parte, quien legisle sobre las tecnologías de la información y comunicación. Lo que el Parlamento Europeo pretende con el actual proyecto es proteger los derechos de los consumidores, impidiendo el abuso de posición dominante de algunos operadores de Internet, lo que repercutiría positivamente en el fomento de la libre competencia. Además, se prevé garantizar el acceso desde el extranjero a números de teléfono gratuitos, el acceso universal a los servicios, acelerar la portabilidad (mantener el mismo número al cambiar de operador) y el refuerzo del número europeo de emergencias 112. También se hablará del nuevo espacio radioeléctrico que se generará tras el «apagón analógico» en 2012, con la liberalización de un importante espacio de banda ancha, muy goloso para las multinacionales. Pero ante esta tabla de buenos propósitos, surgen las enmiendas de los políticos (en general de la derecha) empeñados en defender los intereses de las multinacionales. El Poder se ha dado cuenta de que sólo con medidas tecnológicas no se pueden controlar ni las redes P2P (eMule...) ni el e-mail ni Internet, por lo que lo mejor es legislar y aplastar por medio de intimidaciones, multas o cárcel a cada ciudadano que no entienda la libertad y el acceso a la cultura con el egoísmo y la prepotencia que ellos proponen.