La operación policial iniciada el 24 agosto en Nafarroa ha sido -y es- un cúmulo de irregularidades. Irregularidades lamentablemente habituales en las redadas contra ciudadanos vascos, tales como las denuncias de torturas de los detenidos o la hospitalización de algunos de ellos; pero en este caso, además, la detención del joven Alberto López el miércoles de la semana pasada y su ingreso en un hospital pocas horas después sin que hasta el pasado lunes, cuando compareció en la Audiencia Nacional de Madrid, nadie, excepto el juez y la Guardia Civil, tuviera noticia alguna de él, sólo se puede denominar secuestro. Quien utiliza esos procedimientos no necesita denuncias de los detenidos para perder la credibilidad. Ese tipo de actuaciones desacreditan no sólo a las fuerzas policiales, sino también a jueces y gobernantes que permiten y encubren las mencionadas irregularidades.

Si bien es cierto que estas detenciones han reunido todos esos elementos escandalosos, los mismos no son excepcionales, sino habituales en Euskal Herria. Es preciso recordar que han de circunscribirse en la «lucha contra la kale borroka», denominación que viene a justificar detenciones de jóvenes con acusaciones genéricas como «pertenencia a organización terrorista», aunque no se les acuse de acción alguna ni posean armas o material para llevarlas a cabo. Sin embargo, es suficiente acusar a los jóvenes de ser miembros de Segi para que, en virtud de la sentencia en la que el Tribunal Supremo declaró «terrorista» a esa organización juvenil, se vean procesados por pertenecer a ETA, de modo que no es precisa la voluntad de pertenecer a una organización ni siquiera el conocimiento de tal militancia para ser juzgado por ella.

Llama poderosamete la atención que las denuncias de torturas, la hospitalización de detenidos o la desaparición de un joven durante varios días no haya provocado la más mínima reacción de las instituciones autonómicas de Hego Euskal Herria. Tampoco para el Defensor del Pueblo de Nafarroa han sido motivo de preocupación. Con su actitud han dejando claro que no están dispuestos a denunciar las vulneraciones de derechos a ciudadanos vascos si éstas proceden de los aparatos del Estado, y que la indefensión de estos jóvenes y, por tanto, la de cualquier ciudadano vasco ante esos aparatos es total.