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Secuestro e impunidad versus indefensi�n

La operaci�n policial iniciada el 24 agosto en Nafarroa ha sido -y es- un c�mulo de irregularidades. Irregularidades lamentablemente habituales en las redadas contra ciudadanos vascos, tales como las denuncias de torturas de los detenidos o la hospitalizaci�n de algunos de ellos; pero en este caso, adem�s, la detenci�n del joven Alberto L�pez el mi�rcoles de la semana pasada y su ingreso en un hospital pocas horas despu�s sin que hasta el pasado lunes, cuando compareci� en la Audiencia Nacional de Madrid, nadie, excepto el juez y la Guardia Civil, tuviera noticia alguna de �l, s�lo se puede denominar secuestro. Quien utiliza esos procedimientos no necesita denuncias de los detenidos para perder la credibilidad. Ese tipo de actuaciones desacreditan no s�lo a las fuerzas policiales, sino tambi�n a jueces y gobernantes que permiten y encubren las mencionadas irregularidades.

Si bien es cierto que estas detenciones han reunido todos esos elementos escandalosos, los mismos no son excepcionales, sino habituales en Euskal Herria. Es preciso recordar que han de circunscribirse en la �lucha contra la kale borroka�, denominaci�n que viene a justificar detenciones de j�venes con acusaciones gen�ricas como �pertenencia a organizaci�n terrorista�, aunque no se les acuse de acci�n alguna ni posean armas o material para llevarlas a cabo. Sin embargo, es suficiente acusar a los j�venes de ser miembros de Segi para que, en virtud de la sentencia en la que el Tribunal Supremo declar� �terrorista� a esa organizaci�n juvenil, se vean procesados por pertenecer a ETA, de modo que no es precisa la voluntad de pertenecer a una organizaci�n ni siquiera el conocimiento de tal militancia para ser juzgado por ella.

Llama poderosamete la atenci�n que las denuncias de torturas, la hospitalizaci�n de detenidos o la desaparici�n de un joven durante varios d�as no haya provocado la m�s m�nima reacci�n de las instituciones auton�micas de Hego Euskal Herria. Tampoco para el Defensor del Pueblo de Nafarroa han sido motivo de preocupaci�n. Con su actitud han dejando claro que no est�n dispuestos a denunciar las vulneraciones de derechos a ciudadanos vascos si �stas proceden de los aparatos del Estado, y que la indefensi�n de estos j�venes y, por tanto, la de cualquier ciudadano vasco ante esos aparatos es total.

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