El Consejo de Ministros del Gobierno español aprobó ayer el último bloque de medidas para afrontar la crisis, que se aprobarán definitivamente en la reunión del Ejecutivo del viernes que viene, tras el estudio en el Consejo de Estado.

De las ocho medidas anunciadas el lunes por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el Consejo de Ministros dio el visto bueno a seis, ya que las otras dos se aprobarán en el marco del diálogo social. Una de las medidas más relevantes, la de la moratoria hipotecaria, se llevará a cabo mediante un acuerdo «con dos patas», según explicó el ministro de Economía, Pedro Solbes.

Por una parte, se exigirá un acuerdo entre interesado y entidad, mediante un documento privado que no tendrá ni costes registrales ni notariales.

El ICO prestará a los bancos

Por otra, el ICO deberá concertar los correspondientes convenios con las entidades, que en realidad son las beneficiaras de las ayudas, ya que el aplazamiento del pago es una figura que ya existe, y con las nuevas medidas no asumirán ningún coste por sumarse a la medida. En los convenios se determinarán las condiciones financieras y las garantías de dichas operaciones.

El coste lo asumirá el ICO mediante la concesión de créditos a las entidades que de forma voluntaria se sumen a la medida. Las condiciones de los créditos concedidos a las entidades se negociarán en cada convenio, pero se intentará que el coste financiero sea el mínimo posible.

El límite del aplazamiento del pago de la hipoteca será de 500 euros al mes, y las cantidades demoradas deberán devolverse desde enero de 2011 en un máximo de diez años. En el caso de que finalmente no se pague la hipoteca, el riesgo lo asumirán a medias el Gobierno y las entidades «de acuerdo a los términos establecidos», explicó Solbes, quien aseguró que la medida se ha negociado con las entidades, a través de sus patronales, cuya predisposición para adoptarla es «total». La moratoria podrán solicitarla trabajadores que queden en paro antes del 1 de enero de 2010, autónomos que hayan cerrado su negocio o que acrediten ingresos anuales inferiores a 18.900 euros, así como los que hayan pasado a ser pensionistas de viudedad. La hipoteca debe estar suscrita antes del 1 de setiembre de 2008 con un importe inicial inferior a 170.000 euros.