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Los administradores concursales consideran el presupuesto recibido irrealizable porque los gastos no se basan en previsiones reales

Los datos del Consejo, insostenibles

La gestión de Badiola en sus seis primeros meses provocó que el capítulo de gastos se incrementara en casi siete millones de euros sobre lo presupuestado y obligó a la Ley Concursal. A pesar de renunciar al segundo día del club, la desviación de ingresos fue de 3,7.

Joseba ITURRIA | DONOSTIA

La información económica sobre la cuenta de pérdidas y ganancias del pasado ejercicio y el presupuesto del presente ofrecida por el Consejo de Administración de la Real a los administradores concursales y que éstos reflejan en su informe dejan en evidencia su pésima gestión y su falta total de seriedad.

El Consejo anunció que esta semana iba a dar directamente al juez un plan de viabilidad. Antes dijo que lo iba a presentar en junio a Kutxa y Diputación para no acogerse a la Ley Concursal y luego que iba a entregarlo a los administradores concursales hace un mes. Lo único que recibieron fue un documento «de negocio» sin seriedad.

Hay todo tipo de especulaciones sobre el día fijado para la reunión con el juez -se hablaba de hoy y ahora del jueves- y el Consejo aseguró que además de ese plan de viabilidad, que debe incluir el presupuesto de este año, entregaría un expediente de regulación de empleo y que seguidamente ofrecería una rueda de prensa para informar.

De toda esa información la pieza fundamental por prioritaria es el presupuesto de este año ya que si la sociedad no es capaz de equilibrar gastos e ingresos el juez decretará su disolución. A pesar de que la contabilidad se lleva desde dentro del club, ningún trabajador ha tenido información del presupuesto entregado a los administradores concursales y recogido por éstos en su informe, cuyas partidas básicas aparecen en el cuadro que acompaña esta información.

Otra incógnita

Badiola dijo que iba a presentar al juez novedades con respecto a ese presupuesto, pero a una semana del final del plazo para convocar la Junta es una incógnita saber qué se va a someter a votación de los accionistas antes del 31 de diciembre. Porque se supone que va a haber una Junta porque la Ley obliga a ello, pero hasta ahora todos los plazos de formulación de cuentas y auditoría se han incumplido.

Los administradores concursales, muy optimistas en ese sentido, entienden que el capítulo de ingresos del presupuesto recibido puede considerarse «alcanzable, si bien ciertas partidas, tales como los ingresos estimados en 1.500.000 euros en concepto de nuevas líneas de marketing y merchandising generan inseguridad en cuanto a su materialización definitiva, debido a que actualmente se desconocen la forma y manera en que se van a obtener».

Por contra, consideran irrealizable el capítulo de gastos ya que Badiola presupuesta que se van a reducir en casi un 50% sin ninguna base para ello. Así, recuerdan que piensa rebajar en 6,7 millones los gastos de personal cuando en la base de ese gasto, el primer equipo, apenas se han recortado 112.000 euros.

Los administradores destacan también que presupuesta reducir en 2,1 los servicios exteriores y que «las rebajas consideradas por conservación de campos, servicios de limpieza por un millón de euros no parecen realistas. Los servicios profesionales, cuya reducción se estima en un millón, podrían minorarse hasta un máximo de 400.000 euros». Añaden que el ahorro de 3,3 millones en gastos de adquisición de jugadores sólo se podría alcanzar si no hay nuevos fichajes y no se paga nada a los clubes de la provincia.

De los 735.566 euros que prevé reducir en aprovisionamientos, adquisición de material deportivo y de tienda, recogen «incoherencias entre los importes previstos de ventas y compras de material de tienda» y del 1.300.000 que espera recortar en gastos de gestión corriente señalan que «sólo se tienen constancia de posibles ahorros hasta una cuantía de 300.000».

Aunque no lo reflejan en su informe, los administradores no son partidarios de asumir la partida de 850.000 euros que Badiola presenta como «gastos de otros ejercicios» y que prevé como indemnizaciones de su ERE. Cualquier rebaja en el presupuesto pasa por eliminar esa partida y llegar a acuerdos con jugadores, trabajadores y proveedores para reducir costes, algo imposible mientras Badiola siga ya que todos ellos tienen cantidades por cobrar por la nefasta gestión del Consejo en sus seis primeros meses en el club.

Una herencia no tan descabellada

Porque Badiola repitió mucho que el presupuesto que heredó era «venta de crecepelo», pero de los 24,9 millones de ingresos previstos se llegó a 21,2. Y eso que sólo ejecutó una de las vías propuestas por el Consejo anterior, la venta del local de Txurruka, aunque lo hizo en un régimen perjudicial para el club al comprometerse a abonar 14.700 euros al mes de alquiler. Si el Consejo llega a cumplir con el mandato de la Junta de decretar un segundo medio día del club ante el Numancia la diferencia habría sido de sólo 3,2.

El problema ha sido el despilfarro de Badiola, que motivó que los gastos se dispararan en 6,8 millones de euros sobre lo presupuestado, cuando debía haberlos recortado para evitar el déficit y la Ley Concursal.

Por ello el Consejo presenta pérdidas de 35,47 millones de euros en la pasada campaña, de los que 10,5 corresponden al déficit real y casi 25 a ingresos que quita a otros cierres de ejercicios, de los que los cinco de Peiremans no son reconocidos por los administradores, que aceptan los cinco de Media Pro tras admitir que podían rechazarlos también. Ni esos diez millones ni el resto forman parte de la deuda reconocida por los administradores concursales.

INCERTIDUMBRE

El Consejo ha anunciado que esta semana presentará directamente al juez un plan de viabilidad que incluye el presupuesto de este año y un ERE, y no se sabe qué datos se someterán a votación en la Junta antes de final de año.

El juicio por la demanda de Mikel Alonso, hoy

El Consejo no sólo no ha generado ninguno de los ingresos prometidos y ha aumentado los gastos. También ha provocado constantes derrotas de la Real en procesos judiciales por sus maneras de prescindir de algunas personas, lo que motiva que cifras que debían pagarse en más años pasen a formar parte de la deuda del club. Hoy a las 12.30 está prevista la celebración del juicio por la demanda interpuesta por Mikel Alonso, que solicita la extinción de su contrato, según recogen los administradores concursales, «por incumplimiento grave de obligaciones empresariales ex- art. 50.1.a) Estatuto Trabajadores y solicitando indemnización equivalente a dos temporadas por importe de 1.420.857,14 euros», cifra bruta.

Los administradores han incluido la posible condena en la lista de acreedores como «contingente sin cuantía propia con la calificación de crédito contra la masa», algo que no comparte el entorno del jugador, que recuerda que la demanda se presentó el 2 de setiembre mucho después de aprobarse la Ley Concursal, con lo que entienden que la condena no debe ir a la lista de acreedores, lo que sería un golpe para este ejercicio. Lo absurdo es que en lugar de proponer una rebaja de la ficha para tener un jugador más disponible como se hizo con Rivas, nunca se le ha abierto esta puerta y se le ha empujado a ir a la vía judicial, sin que desde entonces se haya avanzado para llegar a un acuerdo. ITURRIA

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