Juanjo BASTERRA

La realidad del amianto se vivió ayer de forma intensa en una jornada técnica que el Centro de Verificación de Maquinaria de Bizkaia, dependiente del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), organizó en el BEC de Barakaldo para presentar una guía técnica sobre el amianto. Mientras los técnicos de los organismos oficiales pusieron el acento en lo que se puede hacer, las centrales sindicales y las víctimas reclamaron en la calle una actuación que atienda sus necesidades económicas, asistenciales y médicas.

De nada sirven guías si después se incumple su aplicación por parte de los empresarios. Angel Cárcoba (CCOO), Ibon Zubiela, (LAB), Fernando Medina (UGT) y la portavoz de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie), Olvido Herreras, mostraron la realidad de «dolor y muerte» que se esconde detrás del uso «indiscriminado del amianto» entre los años sesenta y los noventa del siglo pasado, aún conociéndose su efecto dañino y mortal para la salud. Herreras aseguró que «las víctimas tenemos que recurrir a los juzgados para que se nos reconozca la enfermedad que ni la Seguridad Social ni las mutuas lo hacen en muchas ocasiones. Las instituciones nos están dejando a un lado» y lamentó que «a Michelin de Gasteiz le han pillado in fraganti, mintiendo, y nadie va a la cárcel. Han engañado y, en cambio, un trabajador ha muerto».

«800.000 fibrillas»

Mari Carmen Arroyo, especialista y coordinadora de la guía, reconoció que «una fibra de ese mineral de un milímetro produce 800.000 fibrillas, que son más fáciles de respirar y de infectar a quienes están en su contacto». Sin embargo, la guía no se fija en el daño y no hace hincapié en la falta de aplicación tanto de la prevención de riesgos como del no uso de amianto, que está entre nosotros en cantidades importantes.

De hecho, Iñaki Susaeta, de IHOBE, reconoció que al año «se gestionan entre 4.000 y 6.000 toneladas que residuos que contienen amianto». Javier Moreno, de Osalan, explicó que en cinco años se han multiplicado por diez los planes de desamiantado, «de 15 en 2004 se ha pasado a 150 en 2008». Montserrat García, del Ministerio español de Sanidad, remarcó, por otro lado, que en tres años «se han multiplicado por seis» los trabajadores afectados por exposición al amianto, hasta los 15.000 casos. «El 38,6% está en activo», dijo.

En este caso, Angel Cárcoba explicó que esa cifra se encuentra muy lejos de las proyecciones de trabajadores que tuvieron contacto con ese «mineral asesino». Según su cálculo, fueron más de 280.000 hasta la década de los noventa. Lamentó, igual que lo hizo Ibon Zubiela, que se tengan que judicializar los procesos por enfermedad o muerte para obtener un cierto resarcimiento material.

Cárcoba anunció que a nivel internacional se trabaja en la constitución de un tribunal penal internacional que «juzgue a quienes han causado tanta muerte de trabajadores en el mundo». Por su parte, Ibon Zubiela aseguró que «la Seguridad Social es el primer enemigo para que haya un reconocimiento de la enfermedad profesional por amianto» y dijo que «el amianto mata y no nos deja vivir», porque, a su juicio, «no interesa defender la vida de los trabajadores, sino los intereses económicos de la patronal».

Zubiela coincidió con Cárcoba en pedir investigación y el control del amianto instalado, además de ayudas a la jubilación anticipada de los afectados.

Fernando Medina, de UGT, rechazó las excepciones que fija la normativa, porque «favorecen el incumplimiento». Sin embargo, el responsable de la CEOE, Miguel García Tejera, se escudó en que los empresarios «desconocen» los efectos del amianto.