El Consejo de la Real presentará hoy ante el juez de lo Mercantil número 1 de Gipuzkoa las alegaciones al informe en el que los administradores concursales solicitan la suspensión en sus funciones. Asegura que lo acompañaría de un plan de viabilidad y de un expediente de regulación de empleo. Pocas horas después de lo que se presenta como una reunión con el juez Pedro José Malagón, Iñaki Badiola ha convocado a una rueda de prensa.

NG aseguraba ayer que el Consejo presentará un informe técnico de los abogados de Lowells con los que trabaja Badiola habitualmente para contrarrestar el realizado por los administradores concursales, pero la contundencia manifestada por éstos en sus argumentos es tal que el juez Malagón tiene muy difícil no acceder a su petición. O suspende en sus funciones al presidente o los administradores concursales estarían abocados casi a la dimisión y lo normal es que se decante por lo primero, ya que Cristóbal Mañero y Jesús San Martín son las personas a las que él mismo ha designado para responsabilizarse de la viabilidad de la Real. Lo que se especulaba es que el juez iba a esperar a decidir para que sean los accionistas los que destituyan al Consejo. Badiola ha fijado la Junta para el 20 de diciembre a las 19.30 en el Atano III después de jugar con el Salamanca a las cinco en Anoeta para que vaya el máximo de gente. Pero el informe aconseja la adopción de medidas urgentes y parecería una irresponsabilidad dejar correr los plazos para que sea otro el que tome la decisión. Los administradores certifican que «la actual situación de prolongarse en el tiempo hará cada vez más irrealizable» la viabilidad.

Una relación imposible

Porque el informe es tan demoledor con el Consejo que cualquiera que lo lea llega a la conclusión de que es imposible que los administradores concursales puedan trabajar junto a Badiola, lo mismo que les pasa a casi todos los demás por la peculiar naturaleza del presidente.

Aunque el Consejo señaló en su requerimiento a GARA que era falsa nuestra información de que no cumplía con lo que la Ley Concursal le obliga y que su relación era una locura -se empeñaban en trasmitir que era idílica- los concursales confirman lo escrito por este medio.

Así, en el informe señalan que el Consejo «no ha convocado a esta administración concursal a ninguna reunión desde la declaración del concurso el 3 de julio, si bien en declaraciones a la prensa de miembros del Consejo y portavoces del mismo se han debido celebrar varias sin nuestra intervención a pesar de haber sido advertidos de su obligación de convocar a los Consejos a la administración concursal para que ejerza el derecho de asistencia y voz que le reconoce el artículo 48 de la Ley Concursal». Detalla el contenido de la única reunión celebrada a iniciativa de ellos el 27 de setiembre y dice que, al ser su asistencia obligatoria, «oficialmente no se ha tomado ninguna decisión desde que se dictó el auto de declaración de concurso».

Por ello concluye en el informe que las reuniones «han sido escasas, no habiendo facilitado suficiente información, presentando a ratificación hechos consumados, llegando a acuerdos sin consulta previa y contratando unilateralmente. Por otro lado, se han presentado diversas propuestas de expedientes de regulación de empleo que, finalmente, no se han concretado. A este respecto cabe mencionar que se ha anunciado que a la fecha de presentación de este informe habrá un nueve ERE redactado por la Real. Lo mismo cabe decir de sendos planes de viabilidad que, una vez presentados y mínimamente disentidos, han sido retirados por el propio Consejo, estando asimismo anunciado un plan de viabilidad para el 7 de noviembre. Documentos estos dos últimos de los que nada sabe esta administración concursal».

Con sus dos informes parece poco probable que el juez no acceda a satisfacer la petición de los administradores concursales, pero en los Juzgados nada se puede dar nunca por seguro.