ELA rechazó ayer la decisión comunicada por la dirección de CAF de segregar la planta de Beasain y señaló que «el objeto de esta decisión unilateral es recibir de Ekarpen, -sociedad formada por el Gobierno de Lakua, las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y las tres cajas de la CAPV- la cantidad de 40 millones de euros. Ekarpen tomaría una participación de la nueva empresa de un 20%». Consideró que la división de los actuales trabajadores en dos empresas puede conllevar una «diferenciación de las condiciones laborales». «Sobre todo si se tiene en cuenta que la operación tiene por objeto segregar la parte de la empresa con menor valor añadido, lo que supone un peligro innecesario para la plantilla de una empresa con un excelente balance económico actual», dijo.