Proceso irlandés
El Ejecutivo de Belfast vuelve al trabajo exigiendo financiación
El proceso político irlandés vuelve a ofrecer lecciones y fechas históricas. La consecución de un acuerdo en la transferencia de Justicia y Policía de Londres a Belfast muestra que el Gobierno norirlandés no necesita de Londres.
Soledad GALIANA | DUBLÍN
Después de meses de enfrentamiento, DUP y Sinn Féin han acordado la transferencia de Justicia y Policía, y si el martes la imagen era la rueda de prensa conjunta del primer ministro unionista Peter Robinson y del viceprimer ministro republicano Martin McGuinness, el miércoles la noticia era el viaje de los líderes norirlandeses a Londres para exigir mayor financiación por parte del Gobierno de Gordon Brown.
La reunión entre Brown y la delegación norirlandesa, que además de a McGuinness y Robinson incluía al ministro de Desarrollo, el republicano Conor Murphy, y al de Finanzas, el unionista Nigel Dodds, fue descrita como «muy beneficiosa», y quizás les permita encarar la primera reunión del ejecutivo desde el mes de junio con suficientes bases como para establecer sus líneas políticas ahora que se ha resuelto la crisis de gobernabilidad.
Les ha llevado 152 días, pero finalmente DUP y Sinn Féin han llegado a un acuerdo en lo que se refiere a la transferencia de Justicia y Control Policial desde el parlamento de Westminster, en Londres, al de Belfast. El pacto entre republicanos y unionistas representa no sólo una solución a la transferencia pendiente, sino también un salvoconducto para las instituciones norirlandesas, que veían su permanencia amenazada por la negativa de republicanos y unionistas a sentarse en reuniones de Gobierno -y el impacto sobre instituciones a nivel de la isla de Irlanda o británico-irlandesa-, lo que ha ocasionado una crisis de casi cuatro meses. Y han encontrado la solución sin intervención ni mediación por parte de Londres y Dublín. Este pacto de Gobierno ha sido recibido como una muestra de la madurez política por parte de los líderes de los partidos mayoritarios norirlandeses. Así pues se acabó la crisis que inauguró la reforma gubernamental ocasionada por la retirada del líder histórico del DUP, Ian Paisley, y la llegada a la jefatura del partido unionista -y del Gobierno norirlandés- del pragmático Peter Robinson.
Evidentemente, la llegada de Robinson no fue el detonante de esta crisis, que ya venía de atrás, y que fue ocasionada por la negativa rotunda de sectores dentro del DUP a tan siquiera considerar la posibilidad de que los republicanos tuvieran un control directo o indirecto sobre áreas relacionadas con la seguridad del Estado, clave para la base social de Sinn Féin, que ha sufrido la represión policial y sólo aceptó la participación de su partido en las estructuras de control policial con la vista puesta en la devolución del control policial a la Asamblea norirlandesa.
Así pues, la primera fecha límite dibujada en el Acuerdo de Saint Andrews para la transferencia, el 8 de mayo, llegó y se fue sin que el DUP se hubiera sentado a la mesa a negociar esta cuestión. Pero la llegada de Robinson despertó las ansias negociadoras de los republicanos, que vislumbraron una oportunidad de reavivar esta cuestión, así como otras tantas pendientes para Sinn Féin, como la cooficialidad del gaélico irlandés o el futuro de los terrenos ocupados por los antiguos Bloques H.
Así las cosas, DUP y Sinn Féin consiguieron dibujar la estructura del nuevo Ministerio de Justicia, y a principios de agosto ya anunciaban que el ministro responsable no sería republicano ni unionista, y apuntaron a un miembro del Partido de la Alianza, el único en la Asamblea legislativa que no se alinea bajo una u otra identidad. Pero el estancamiento de las negociaciones había provocado frustración en el seno de Sinn Féin, donde algunas voces advirtieron que el partido abandonaría las instituciones norirlandesas si el DUP no demostraba que su compromiso de colaboración y gobernabilidad iba más allá de las palabras.
Las amenazas y el posicionamiento político parecen haber funcionado. Este no es un acuerdo en el que nadie ha lanzado un órdago, pero en el que todos sacan puntos. Sinn Féin no consigue todo lo que quería en detalle, pero si avanza en todas las áreas de discusión, mientras los unionistas preservan espacios en aquellas áreas en las que auguran dificultades en la aceptación por parte de sus bases
El acuerdo entre DUP y Sinn Féin reitera las bases del acuerdo alcanzado el pasado agosto, ya que el nuevo ministro de Justicia procede de un partido neutral -hasta el 2012 políticos unionistas o nacionalistas no podrán ser considerados para este cargo-. Así mismo se establece que la Comisión Evaluadora Ejecutiva de la Asamblea es responsable de perfilar las estructuras y vías de financiación para el nuevo ministerio. Esta comisión presentará un informe el 9 de enero de 2009. Se creará también un Consejo para las Nominaciones Judiciales, que se asegurará que la selección de jueces u oficiales judiciales no tiene carácter político. Pero lo que es más importante para Sinn Féin es que el nuevo ministro podría estar ocupando su cargo en menos de un año, de acuerdo con el plan trazado conjuntamente por Sinn Féin y DUP, que establece que la transferencia se producirá entre los meses de abril y septiembre del próximo año.
Aunque aún se desconoce el nombre del futuro ministro de Justicia, ya se sabe quién será el primer fiscal general del gobierno de Belfast. En la rueda de prensa conjunta ofrecida por Robinson y McGuinness, ambos apuntaron a que John Larkin, un profesor universitario en Criminología católico, nacido en el Belfast republicano.
«Creo que Irlanda del Norte envía una señal de esperanza para el resto del mundo: incluso ante los problemas más difíciles, aquellos que causan las negociaciones más duras y los tiempos más difíciles, pueden ser resueltas», auguraba el primer ministro británico, Gordon Brown, al felicitar a los líderes norirlandeses, Martin McGuinness y Peter Robinson, por el éxito de sus negociaciones bilaterales.
Y las manifestaciones de Brown ante la consecución del primer acuerdo entre los partidos mayoritarios en el Gobierno norirlandés marcó el espíritu con el que se recibió la noticia en los sectores de la política británica, tanto en el laborismo como entre los conservadores.
Así pues, el secretario de estado británico en el norte de Irlanda, Shaun Woodward, afirmó que una vez más nos encontramos ante un momento «histórico», ya que el pacto entre unionistas y republicanos se debe a algo creado y firmado por políticos norirlandeses y sin intervención de Londres o Dublín, que «marca la madurez del proceso político y de una democracia madura que demuestra que los políticos de Irlanda del Norte pueden asumir el control».
El portavoz conservador para el norte de Irlanda, Owen Paterson, afirmaba que ahora el Ejecutivo debe centrarse «en los problemas que afectan a los norirlandeses».
Por su parte, el primer ministro irlandés, Brian Cowen, apuntaba a que una vez superada la crisis de gobernabilidad, el trabajo del Ejecutivo norirlandés debe centrarse en la crisis económica y cuestiones sociales creadas por la crisis financiera. «Es de gran importancia que se lleve a cabo la transferencia de los poderes de Justicia y Control Policial», aseguraba Cowen, que añadía que la consecución de la transferencia era la «última pieza en el puzzle del proceso de paz».
La enviada especial al norte de Irlanda del Gobierno estadounidense, aún encabezado por George Bush, Paula Dobriansky, también loaba a los partidos por conseguir un acuerdo en «algunos de las cuestiones más complejas y emotivas en el seno del proceso de paz», y reconocía la labor y liderazgo de Robinson y McGuinness durante la negociación y el establecimiento del pacto.
Sin embargo, la reacción de los representantes políticos del resto de los partidos norirlandeses no ha sido tan positiva. A las preocupaciones reales sobre la consistencia y cumplimiento del pacto entre republicanos y unionistas se superpone la cercanía de elecciones en el norte de Irlanda y el impacto que este acuerdo pueda tener en la intención de voto del electorado.
En ese contexto deben entenderse las criticas del líder del SDLP, que ha quedado relegado a segundón en las preferencias de la comunidad nacionalista, que ha encontrado en Sinn Féin a su partido en el Gobierno. Mark Durkan asegura que el papel de la Asamblea es demasiado limitado, y que «la Asamblea Legislativa no merece ese nombre a no ser que pueda tomar responsabilidad por la creación de ley criminal», dijo Durkan.
Desde las filas del Partido Unionista del Ulster (UUP), que no sólo ha perdido votantes sino también ha vivido la fuga de cargos electos al DUP, la reacción al acuerdo entre los partidos mayoritarios en el gobierno ha sido aún más virulenta. El líder del UUP, Reg Empey, afirmaba que aunque es bueno que el Ejecutivo vuelva a reunirse, las razones de la crisis no dejan de ser intereses partidistas del DUP y Sinn Féin. «Es alucinante el que el conflicto entre DUP y Sinn Féin se centrase en Justicia y Policía», apuntó Empey, que denunció que este problema debía haberse resuelto a través de reuniones bilaterales en lugar de paralizar la actuación del Ejecutivo en momentos en los que era necesario «una agenda común para neutralizar el impacto de la peor crisis económica desde los años veinte».
El eurodiputado Jim Allister, tránsfuga del DUP que abandonó la formación unionista cuando está accedió a formar Gobierno con Sinn Féin, apunta a que este acuerdo reabre el «grifo de las concesiones» a los republicanos.
Por su parte, el líder del partido de la Alianza, David Ford, que nombrará al ministro de Justicia, recibía la noticia del acuerdo con una nota positiva, y declaraba que los líderes del ejecutivo «deben demostrar que pueden hacer que el norte de Irlanda funcione».
El Coordinador del Consejo Policial se felicitaba por un acuerdo que sin duda será recibido con satisfacción por los norirlandeses, ya que significa el fin del bloqueo al avance del proceso. S.G.
