Tras el atentado de Azpeitia
Madrid forzará la ley para arrebatar alcaldías abertzales
La vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que el Ejecutivo de Zapatero prevé abordar la enésima reforma legal contra la izquierda abertzale para evitar ahora que ésta pueda gobernar ayuntamientos en Euskal Herria. Para ello propone cambios en la Ley de Bases de Régimen Local. El PP, insatisfecho, asegura que existen fórmulas más rápidas y hace de ello un elemento de confrontación con el Gobierno español.
GARA | GASTEIZ
El Gobierno español, una vez más, volvió a subirse a la ola provocada por la derecha política, mediática y patronal y anunció ayer una nueva reforma electoral contra la izquierda abertzale, en este caso «para impedir que los representantes de una formación política ilegalizada puedan gobernar los ayuntamientos».
Cabe señalar a este respecto que en las últimas elecciones municipales más de la mitad de las candidaturas presentadas por la izquierda abertzale ni siquiera pudieron presentarse a las elecciones.
Pese a ello, y con las que pasaron el filtro judicial, obtuvo hasta un total de 43 alcaldías.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera señaló que la reforma se hará «como siempre, con el máximo consenso de todas las fuerzas políticas parlamentarias» y argumentó que el Ejecutivo seguirá siendo «muy escrupulosos con el cumplimiento de las leyes para que nadie pueda burlar la Ley amparándose precisamente en ella».
María Teresa Fernández de la Vega fundamentó esta decisión gubernamental de incluir modificaciones legales en que la actual legislación tiene «características que dificultan la actuación». Por ello, anunció que, teniendo en cuenta el marco constitucional, «se trataría de introducir en la Ley de Bases de Régimen Local unas nuevas normas que produjeran el resultado que les he dicho».
Añadió que «puesto que se ha producido una ilegalización y, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la ilegalización no comporta la disolución de los ayuntamientos, se trata de buscar legalmente unas vías que, en el ámbito de la Constitución, permitan impedir que representantes de formaciones políticas ilegalizadas por razones de apoyo al terrorismo puedan gobernar los ayuntamientos». «Creo que el objetivo y los instrumentos están claros», apostilló.
En cualquier caso, el Gobierno de Zapatero ya está explorando también las posibilidades que ofrece la legislación actual para evitar que la izquierda abertzale pueda gobernar en los ayuntamientos, y la vicepresidenta primera aclaró que se han dado ya instrucciones al servicio jurídico del Estado para que estudie todos los resquicios posibles.
En este punto, De la Vega explicó que se van a explorar las posibilidades del artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, que, en su punto segundo incluye como causas para la disolución de un ayuntamiento que éste de cobertura o apoyo «expreso o tácito, de forma reiterada y grave al terrorismo o a quienes participan en su ejecución o enaltezcan o justifiquen el terrorismo» y también en el caso de que «menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familias».
No obstante, la vicepresidenta admitió que «no es un asunto fácil» y que se trata de un «artículo difícil», porque las condiciones que establece hacen «muy difícil o imposible proceder a la disolución», ya que exige que las conductas se produzcan de manera «reiterada».
El PP mete prisa
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer que es «obsceno» que el Gobierno español «no sea capaz» de expulsar a la izquierda abertzale de los ayuntamientos que gobierna.
Además, el PP considera que con la actual Ley de Bases de Régimen Local se podría abrir ya el procedimiento de disolución de los ayuntamientos gobernados por el independentismo, sin tener que esperar a la reforma legal anunciadas por el Ejecutivo tras el Consejo de Ministros.
El PP está «abierto» a escuchar y estudiar cualquier propuesta de reforma legal que plantee el Gobierno, pero sigue apostando por la disolución de los ayuntamientos, como se hizo en Marbella, y que su gestión pase a ser llevada directamente por la diputación competente.
Por eso, el PP confía en que el PSOE respalde la iniciativa que registró el viernes -que previsiblemente se debatirá en el Congreso el 16 de diciembre- en la se insta al Gobierno español a que en el «plazo más breve posible» apruebe un real decreto que disuelva los órganos de las corporaciones locales acogiéndose a la vía del artículo 61 de la Ley de Bases.
El presidente del PP de la CAV, Antonio Basagoiti, se mostró incluso más imaginativo y la reivindicación de disolución de los Ayuntamientos gobernados por la izquierda abertzale añadió la petición de convocatoria en ellos de elecciones municipales anticipadas, que coincidan con los comicios autonómicos vascos previstos para marzo de 2009. No especificó qué propone hacer en los nueve municipios navarros con alcalde independentista.
Miguel Sanz, con el PP
El presidente del Gobierno navarro y de UPN, Miguel Sanz, demostró que en determinadas cuestiones sigue sin tener diferencias con sus ex compañemos del PP y afirmó que aunque la izquierda abertzale «no tenía que haber estado en los ayuntamientos», ahora hay que utilizar todos los mecanismos legales existentes o, en su defecto, medidas políticas efectivas para «alejarles de las instituciones».
El secretario de Organización del PSN, José Luis Izco, emplazó ayer a Nafarroa Bai a elegir en aquellos ayuntamientos de la comarca de Iruñea en los que tiene la alcaldía entre gobernar con «partidos democráticos o hacerlo con quienes no condenan el terrorismo como ANV». El parlamentario de NaBai Aitor Etxarri acusó al PSN de «utilizar un trágico atentado con fines partidistas», y respondió a Izco que «confunde realidades interesadamente» ya que «Nafarroa Bai no tiene ningún acuerdo de gobierno global con ANV para gobernar en el ámbito local».
Izco compareció acompañado de concejales de Berriozar, Zizur Mayor y Atarrabia en una conferencia de prensa en la que advirtió a NaBai de que la situación en estos consistorios «está al límite». Según el secretario de Organización del PSN en Atarrabia desde la alcaldía «no se respetan las decisiones judiciales (sobre la ikurriña) ni la legalidad vigente (como la ley de símbolos) y además se da un trato de favor a quienes no condenan a ETA». «Lo mismo» que en Berriozar, manifestó, y añadió que además en este ayuntamiento los concejales elegidos en la lista de EAE-ANV controlan «tres importantes áreas» como son Cultura, Educación y Bienestar Social. Por último, en referencia a Zizur Nagusia comentó que su partido «quiere garantizar la estabilidad pero es necesario que nos ayuden», algo que no sucede cuando se ha demostrado la «incapacidad» de NaBai para gestionar el Consistorio debido al «comportamiento del alcalde» y a la «crisis interna» de la coalición.
En respuesta, NaBai pidió al PSN que aclare qué piensa hacer en aquellas localidades en las que son ellos los que gobiernan con la participación de la coalición abertzale, como Burlata y Olite, en virtud del acuerdo firmado en su día y por el que NaBai llegó también a la alcaldía de Barañain que luego perdió al presentar el PSN con UPN una moción de censura.
En cuanto a lo que ocurre en el Ayuntamiento de Atarrabia, uno de los citados por Izco, Aitor Etxarri señaló que NaBai «no gobierna con ANV ni se le otorga a este grupo ningún trato a favor», sino que es el PSN el que «está ridiculizando el ámbito institucional» al exhibir en los plenos símbolos ajenos a la política, lo que hace de estas sesiones «un espectáculo más propio de chirigota».
El dirigente de NaBai ha pedido al PSN que «deje de hacer un uso oportunista de la situación y de pretender ocultar su propia actuación en varias localidades navarras, donde los socialistas han pervertido la apuesta por una alternativa progresista». «NaBai siempre ha tenido y tendrá la mano tendida al PSN al objeto de consolidar una mayoría progresista en todas las instituciones», añadió Etxarri, quien concluyó que «si realmente es ésta la vocación que tiene el PSN, NaBai siempre estará abierto a una reunión».
Jueces para la Democracia aseguró que la disolución de los ayuntamientos en los que gobierna ANV podría ser «un proceso traumático» porque supondría retirar el acta de «a los malos y a los buenos», a los de la izquierda abertzale y a los del resto de partidos.
El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, recordó al Gobierno español que reformas legales como las que propone ahora «sólo contribuyen a crispar más la situación y retardar una solución pacífica y dialogada al conflicto».
El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, reiteró su coincidencia en la voluntad de aislar a los concejales y cargos públicos de la izquierda abertzale, pero advirtió de que se tiene que hacer «sin atajos políticos ni legales».
El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, aseguró ayer que las «2.000 personas que votan a gentes de ANV» en Azpeitia necesitan «ir al psiquiatra o ser visitados por la Policía», porque «o están enfermos o son cómplices morales de asesinato».
En declaraciones a Telecinco, Bono aseguró que «ni los criminales ni sus cómplices ni quienes no le condenan» van a encontrar en el presidente del Congreso «la más mínima defensa». Añadió que «a mí, lo que me agradaría es que no existiesen en el ámbito de la política». Por ello, se mostró partidario de que «se busquen todos los instrumentos legales para que puedan desaparecer del ámbito de la política, que debe ser hecha por gentes decentes».
Además, subrayó que, después del atentado, «lo que hay que hacer es condenar a los asesinos», pero no responsabilizar al Gobierno. «Culpar al Gobierno me parece inaceptable y quien lo haga probablemente no lo ha meditado», señaló. En opinión del presidente de la Cámara, «no hay nadie decente en España que les pueda atribuir al Gobierno condescendencia con ETA, porque además es rigurosamente falso».
Bono explicó que, precisamente, «en señal de duelo» por la muerte de Inazio Uria se ha decidido suspender la recepción que se iba a celebrar hoy con motivo del 30 aniversario de la Constitución. De esta manera, sólo se celebrará el acto previsto en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, al que asistirá el Rey de España. El ex ministro de Defensa destacó la necesidad de celebrar «30 años continuados de libertad y bienestar». «Los españoles no solamente nos entendimos al hacer la Constitución, sino que también nos perdonamos», afirmó Bono, que subrayó que, aunque «no todos los españoles lucharon contra Franco», hay que «mirar al futuro».
El PP intenta que las alcaldías de la izquierda abertzale no accedan a los fondos para los municipios del plan contra la crisis. Desde el Gobierno español dicen que los ciudadanos tienen derecho a recibirlos pero buscarán que los gestionen otros.
