La Cámara Nacional de Casación Penal de Argentina decidió suspender la orden de excarcelación, dictada el jueves, de once represores de la última dictadura, entre los que se encuentran Alfredo Astiz y Jorge Acosta, después de la solicitud de suspensión del fallo presentada por el fiscal Raúl Plee. El Ministerio Público tiene previsto presentar un recurso contra la liberación de estos torturadores, que actuaron en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó el mayor centro clandestino de detención durante el régimen militar. El argumento para ordenar su liberación fue que han vencido los plazos legales para mantenerles en prisión preventiva al no haber sentencia firme.

La resolución se conoció pocas horas después de que el Gobierno de Cristina Fernández anunciara su intención de presentar «un recurso extraordinario» ante la Corte Suprema para «evitar un escándalo jurídico».

El secretario de Derechos Humanos del Gobierno, Eduardo Luis Duhalde, estimó que el fallo dictado el jueves «avergüenza al país y a la humanidad», suscribiendo así las palabras pronunciadas por la presidenta, Cristina Fernández, quien, en un acto en ESMA, dijo que la resolución es «difícil de entender» y «producto de cierta perversidad» del sistema judicial».

Fuentes judiciales habían aclarado que excarcelación no sería «inmediata», ya que los ex militares beneficiados tendrán que esperar las medidas cautelares que disponga el juez federal Sergio Torres para quedar en libertad. En el caso de Astiz y Acosta, el magistrado deberá revisar el estado en el que se encuentran otras causas vinculadas con la dictadura en las que ambos están acusados.

«Enquistados»

Duhalde sostuvo que «continúan enquistados en el Poder Judicial hombres que fueron designados durante la dictadura» que gobernó el país entre 1976 y 1983. En este sentido, señaló que el Gobierno impulsará el juicio político contra los magistrados Guillermo Yacobucci y Luis María García, integrantes de la Cámara Nacional de Casación Penal. Una petición que, anunció, se extenderá a otros tres jueces del Tribunal encargado de juzgar a los represores de la ESMA, a los que acusó de «retardar» la acción de la Justicia, y a los magistrados de Mendoza que han puesto el libertad a procesador por delitos de lesa humanidad.

La resolución indignó a los organismos de derechos humanos.