El inicio de la sesión, prevista para las 9.30, se retrasó unos minutos debido a que los cuatro acusados presos -Pernando Barrena, Olatz Dañobeitia, Rufi Etxeberria y Juan Joxe Petrikorena- tardaron en entrar custodiados en la sala del Palacio de Justicia donde se desarrollará el juicio. Tras los saludos afectuosos a compañeros de militancia y allegados, se sentaron compartiendo dos banquillos con Arnaldo Otegi; en otro se situó Ibarretxe, solo, mientras López y Ares se colocaban en otro, en el extremo. Era la fotografía buscada desde hace algo más de dos años por los querellantes, aunque fue a trozos.

Una vez iniciado el juicio, presidido por el tribunal conformado por los magistrados Manuel Díaz de Rábago, José Antonio Subiñas y Juan Carlos Benito-Butrón, la Fiscalía y las defensas de los cinco dirigentes de la izquierda abertzale y de Patxi López y Rodolfo Ares solicitaron que no se inicie la vista oral en el procedimiento que se sigue contra ellos y Juan José Ibarretxe en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por las conversaciones políticas que mantuvieron desde julio de 2006 hasta 2007.

Mientras la representación legal de siete de los acusados y el Ministerio Público demandaron una sentencia de libre absolución previa al juicio, los abogados del lehendakari variaron su línea de defensa, apostando ahora por la celebración de la vista para demostrar que la actuación de los ocho políticos encausados fue «legítima». Su letrado, Mikel Gotzon Casas, argumentó que «la pena de banquillo que han soportado el lehendakari y el resto de los imputados es más que suficiente para que demostremos que nos asiste la razón y que, de esta Sala, pidamos ya una sentencia en la que se nos dé la razón».

En esta línea, Casas justificó su cambio de postura para «entrar en el fondo del asunto» y defender «el derecho legítimo al diálogo y a la paz de este país. Lo que hicieron -apuntó- fue legítimo y cabal, que fue dar un paso adelante y buscar soluciones de paz». Apostilló que, ante la petición de los querellantes, que proponen «frente al diálogo, cárcel», los ocho acusados plantean «frente al diálogo, diálogo y soluciones» para resolver el conflicto.

Antes de que llegase la sorpresa de la jornada, la fiscal jefe del TSJPV, María Ángeles Montes, pidió al tribunal que dé por finalizado el procedimiento, aduciendo que el Supremo español, en la sentencia del denominado «caso Botín», resolvió que si la acusación particular o el Ministerio Público no ejercen la acción penal, no se puede proceder a la apertura de juicio oral sólo con las acusaciones populares, tal como sucede con este proceso impulsado por los colectivos Foro de Ermua y Dignidad y Justicia.

Montes, al igual que el resto de partes que defendieron este argumento, reconoció que la sentencia del «caso Atutxa» es contradictoria con esta doctrina, ya que avala el papel de las acusaciones populares, aunque defendió que la que debe prevalecer es la del «caso Botín». Alegaciones que no fueron tenidas en cuenta anteriormente por el juez instructor, Roberto Sáiz.

Estos argumentos también fueron defendidos por Jone Goirizelaia, abogada de los dirigentes de la izquierda abertzale, y por Félix Rojo, representante legal de López y Ares. La letrada mungiarra incidió en que la iniciativa de las asociaciones acusadoras trata de criminalizar el diálogo político para resolver los conflictos y, por ello, rechazó además otra petición del Foro de Ermua y Dignidad y Justicia que piden una comisión rogatoria para que las autoridades suizas colaboren y pongan a disposición de los jueces españoles las actas de las negociaciones mantenidas por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y ETA, custodiadas por el centro Henri Dunant de Ginebra.

En su turno, Félix Rojo, defensor del candidato del PSE a la Lehendakaritza y del miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, dijo desconocer «con exactitud qué intereses» mueven a las acusaciones populares, aunque apuntó las claras motivaciones políticas.

Pero las cuestiones previas no pivotaron sólo sobre la legalidad de que un procedimiento penal continúe por el impulso de las acusaciones populares. La abogada de los independentistas denunció que el derecho a la defensa de Barrena, Dañobeitia, Etxeberria y Petrikorena, encarcelados por otra causa contra la izquierda abertzale, se había visto vulnerada por la política de dispersión diseñada por el Gobierno español.

Goirizelaia explicó al tribunal que el 8 de octubre y el 3 de noviembre de 2008 remitió sendos escritos a la Sala para que se tramitara el traslado de los cuatro dirigentes presos en Curtis, A Lama, Daroca y León a cárceles vascas para preparar el juicio. El 30 de diciembre, añadió la letrada, desconocía el paradero de Olatz Dañobeitia y sabía de la llegada de otros de los encausados a Basauri y Langraiz, lo que ha impedido una correcta comunicación con sus defendidos presos.

Recordó que el relator de la ONU para los Derechos Humanos ya denunció en 2004 las vulneraciones que sufrían los presos políticos vascos en las prisiones españolas, que afectan a un derecho fundamental como es el de defensa. Al igual que en causas similares contra organizaciones y militantes independentistas que se vienen desarrollando en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, Goirizelaia puso también en cuestión la categoría de peritos de policías y guardías civiles, papel que fue defendido por las acusaciones y la Fiscalía.