La obligación de todo abogado defensor es evitar la condena de su cliente a la mayor brevedad posible. Con ese mandamiento cumplieron ayer la defensa de los líderes del PSE, seguros de que nunca pisarán la cárcel por este motivo, y también la abogada de los dirigentes de la izquierda abertzale, con el apremio en este caso de que las penas de prisión que se les solicitan serían para ellos y ella de íntegro cumplimiento y añadidas a las que acumulan por otras causas políticas. Hasta la Fiscalía se sumó a la petición de suspensión del juicio, archivo de la causa y absolución de los acusados. La sorpresa la dio en esta ocasión la defensa del lehendakari, que jugó con el factor de ser el último en tomar la palabra. Si el pasado domingo el grupo de diarios jeltzales anunciaban a bombo y platillo que la representación legal de Ibarretxe exigiría que se aplicaran los precedentes de Botín y Zapatero para impedir la celebración del juicio, ayer el abogado hizo un requiebro de última hora y señaló que si el tribunal quiere dar por concluido el proceso tiene motivos sobrados para ello, pero que su deseo es que la vista se celebre y se cierre con una absolución después de haber ido al fondo de la cuestión. Fuera de la sala sería Javier Balza -jefe de los servicios jurídicos de Lakua antes que consejero de Interior- el encargado de dar las explicaciones pertinentes.

Juan José Ibarretxe ha entendido que estar en ese banquillo de acusados no es en este momento un inconveniente sino que puede resultar una ventaja. Y como hasta seis veces había pedido con anterioridad la suspensión del juicio, ante lo improbable de que a la séptima se lo aceptaran ha decido sacar partido de la situación. Nada y guarda la ropa. A fin de cuentas, la petición de suspensión ya está hecha por el resto y hasta por su propia defensa. El lehendakari y sus asesores más cercanos saben que, en contra de lo que decía la declaración del EBB de la víspera, este juicio no genera «sentimientos de humillación» entre el electorado abertzale, sino una respuesta de resistencia y reafirmación que puede resultar aprovechable en la actual coyuntura preelectoral.

La defensa de Ibarretxe ha jugado con astucia una baza que es más propagandística que jurídica. La clave no está en la petición de que el juicio se suspenda o no, sino en el salto dado de adoptar el papel de pobre víctima -«juzgado como si fuera un vulgar delincuente», se lamentaba todavía ayer la vicelehendakari- que había mantenido hasta la fecha, al uso de la oportunidad que ofrece el juicio para utilizarlo contra los acusadores, algo aprendido ya en el Proceso de Burgos y que desde entonces practica la izquierda abertzale.