Los tres jóvenes para los que se pedían penas de entre 4 y 2 años y medio por la acción de subirse a una grúa y desplegar dos pancartas a favor de los gaztetxes quedaron absueltos ayer en la Audiencia de Nafarroa. Los tres habían sido acusados por la Fiscalía de delitos de «desobediencia» y «coacción», por lo que les pedían 10 y 18 meses de pena de cárcel, respectivamente. A uno de ellos le añadían una pena de 20 meses acusado de «daños». Pero la Fiscalía retiró ayer esta acusación, basada en responsabilizar al joven de que un walki-talkie de los agentes forales que subieron a la grúa se rompiera al caer al suelo, por lo pedían también una indemnización de 821,40 euros. El agente no compareció, y sus compañeros no aclararon los hechos.

Para argumentar el delito de «coacción» se presentó el gerente de la sociedad Pamplona Centro Histórico, propietaria del edificio en construcción en el que se hallaba la grúa, en el solar donde se ubicaba Euskal Jai. Junto con los agentes municipales alegó que los activistas habían paralizado las obras, y pedían 685,58 euros por ello, pero ayer no se acreditó dicho gasto que supuestamente se derivaba de parar las obras. Los directamente afectados en caso de que hubiera habido esa paralización serían los trabajadores, y ayer no se presentaron a declarar.

El abogado defensor, Juanje Soria, valoró que ayer quedó en evidencia que «se construyen imputaciones sin probar los hechos», y apuntó que «más allá del ámbito judicial, el sentido común hace ver lo desproporcionado de una pena de 4 años de cárcel por subirse a una grúa: se evidencia el planteamiento de la Fiscalía, que sobre unos hechos que en otro caso se hubieran archivado, decide imponer un duro castigo».

«No podía ser de otra manera»

Los imputados se mostraron contentos de quedar absueltos en el mismo momento del juicio, pero aclararon que «no podía ser de otra manera, aunque hemos estado con incertidumbre: viendo la política de UPN y la represión de la Policía Municipal, siempre esperamos que te pueda caer una sentencia desfavorable». Su convicción viene de que «si hubiera habido delito de parar las obras, los verdaderos afectados serían los trabajadores y éstos ni han declarado; parece que los municipales y PCH han querido sacar beneficio de esto». Pusieron en entredicho la actuación de la Fiscalía por semejantes peticiones, y aseguraron que «pretendía crear jurisprudencia para castigar como delito cualquier acto de desobediencia». La Fiscalía anunció ayer que recurrirá la absolución del delito de «desobediencia», ya que cuestiona que el encadenamiento pueda justificar «no obedecer» la supuesta orden de los agentes de bajar de la grúa.