«Hemos vivido una avalancha de declaraciones, columnas de opinión, notas y ruedas de prensa expresando `solidaridad' con el director del instituto Iturrama y solicitando a LAB una rectificación por sus `amenazas'. Paradójicamente, varios de estos agentes acusan a LAB de `linchar' al director por hacer público un comunicado, cuando lo más parecido a un linchamiento mediático es lo que ha sufrido LAB durante estas semanas. Mientras tanto, aquellos que hicieron saltar la liebre (Delegación del Gobierno, «Diario de Navarra», UPN-PSOE) han permanecido en un segundo plano. En efecto, ha sido el bloque de supuestos progresistas el que ha cargado las tintas contra los estudiantes de Iturrama». Así lo expresó ayer el responsable de LAB en Nafarroa, Igor Arroyo, quien ofreció una rueda de prensa acompañado por Jon Urrusolo, responsable nacional de Enseñanza, y otros miembros del sindicato abertzale.

Arroyo criticó a quienes «han azuzado la polémica de manera perversa e interesada», así como su falta de interés en escuchar la versión de los menores afectados y la de sus padres y madres.

«Hasta que LAB hizo público su comunicado -recordó Arroyo ante los medios-, ninguno de los «solidarios con Otaduy» se ha preocupado por el caso Iturrama. Hasta ese momento, todo era «normal»: una denuncia de la AVT, una noticia clamando mano dura de «Diario de Navarra» y varios menores comienzan a desfilar por la Audiencia Nacional. No había motivo para protestar o solidarizarse con nadie. Al fin y al cabo, están acostumbrados a observar indolentemente la represión contra los independentistas y nadie se iba a rasgar las vestiduras porque un tribunal de excepción actuara contra menores por realizar un acto que se ha repetido durante más de una década en el instituto Iturrama y que se realizó también en otros lugares de Iruñea, algunos de ellos incluso con autorización de la Delegación del Gobierno».

Tras constatar que los hechos denunciados por LAB «no tenían precedente» en un instituto de Nafarroa, el portavoz de la central abertzale denunció la «campaña de manipulación» desatada desde entonces.

En concreto, dijo que se ha «tergiversado» el comunicado de LAB, «descontextualizando varios términos empleados -`delator', `actitud miserable'- para inventarse una `amenaza' contra el director».

También constató que «se ha minimizado y despreciado» la situación que sufren los quince estudiantes identificados por el director y encausados por la Audiencia Nacional. «Éstas son las víctimas de toda esta situación, las que han sufrido y siguen sufriendo un grave perjuicio», destacó.

En este sentido, señaló como «lo más grave» el que algunos agentes hayan responsabilizado a las víctimas de la situación, lo que «supone asumir las premisas de la legislación antiterrorista y del Estado de excepción impuesto por PP-PSOE».

Tras pedir libertad de expresión en los centros de enseñanza, Arroyo y Urrusolo hicieron un llamamiento a «abordar de manera responsable» el debate social y educativo que ha aflorado tras los sucesos de Iturrama.