El 27 de febrero de 1976, el mismo día en que el último soldado español abandonaba el Sahara Occidental, el Frente Polisario, representante único y legítimo de la población del Sáhara Occidental, proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Treinta y tres años después, más de 60 países reconocen a la RASD, que es además miembro fundador de la Unión Africana, lo que no ha impedido que aproximadamente un 75% de su territorio siga ilegal y militarmente ocupado por Marruecos.

Treinta y tres años después de la escapada de España del territorio, cabe preguntarse por las razones y/o intereses que perpetúan un conflicto sobre el que la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial principal de las Naciones Unidas, en su dictamen sobre el Sahara Occidental, consideró aplicable la Resolución 1.514 de la Asamblea General y, en particular, el principio de autodeterminación mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad del pueblo saharaui.

El Estado español continúa siendo responsable legal y políticamente de esta tragedia. Sin embargo, los distintos gobiernos españoles, lejos de cumplir con sus obligaciones para con la población de su ex colonia culminando el último proceso de descolonización pendiente del continente africano, han sacrificado siempre a la parte más débil en su juego del gato y el ratón con la dictadura marroquí.

El Estado español puede y debe, al igual que hizo retirando sus tropas de Irak, posicionarse del lado de la legalidad internacional. Debe para ello abandonar falsas posturas de neutralidad activa -y lo puede hacer rechazando propuestas que pretenden imponer el hecho colonial marroquí además de contener aspectos abiertamente contrarios a la legalidad internacional como la premisa de que el Sáhara Occidental forma parte de Marruecos- y persuadir a su amigo marroquí de la obligación moral y política de garantizar el efectivo y genuino derecho de autodeterminación en el Sáhara Occidental a través de la celebración del ansiado referéndum de autodeterminación.

¿Y la ONU? Desde hace largo tiempo dejó clara la ausencia de cualquier título de soberanía de Marruecos sobre los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Más de cincuenta resoluciones han abordado el tema y todas ellas, una tras otra, han pasado al olvido por la cerrazón del Reino alauí, ocupante ilegal de unos territorios a los que ha convertido en una especie de Guantánamo gigante a escasos 100 kilómetros. de Europa (torturas, desapariciones, juicios sumarísimos y un largo etcétera, tal y como atestiguan las denuncias de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Right Watch).

La ONU se ha demostrado incapaz de hacer que Marruecos cumpla los acuerdos firmados, pese a que han pasado más de 15 años desde que, bajo los auspicios de la propia ONU y la UA, firmara con el Frente Polisario el Plan de Arreglo para el Sáhara Occidental que establecía la celebración de un referéndum libre con el objetivo de que el pueblo saharaui decidiera su futuro. En lugar de ello, el Consejo de Seguridad ha permitido que Marruecos obstaculice de forma reiterada tanto el citado Plan de Arreglo de 1991 como los posteriores acuerdos de Houston de 1997 firmados entre las partes.

Junto a esa incapacidad para hacer valer los acuerdos internacionales, la ONU está siendo testigo mudo, a través de los cascos azules desplegados bajo la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental), de las constantes violaciones de los derechos más elementales. Esta misma semana, el representante del Frente Polisario ante la ONU solicitaba la ampliación del mandato de la MINURSO con el fin de proteger los derechos humanos de la población saharaui.

También esta semana, el Secretario General de la ONU, Sr Ban Ki-moon, estimaba «en breve el lanzamiento de nuevas negociaciones» entre Marruecos y el Frente Polisario al tiempo que destacaba la figura de su nuevo enviado personal, Christopher Ross, de gira en estos momentos por la región preparando un próximo encuentro entre las partes. Nueva ronda de conversaciones que comenzarán al igual que las anteriores con una de las partes, el reino alauí, aferrado a su postura de no considerar la autodeterminación, reconocida en los propios documentos de quien media en las negociaciones, es decir, la propia ONU.

¿No son posibles la decencia y el respeto a la legalidad en política internacional? Confiamos en que sí. La ONU y el Estado Español pueden demostrarlo. Se lo debemos a la justicia, pero sobre todo al Pueblo Saharaui, hermano ya para siempre.

Treinta y tres años después, con paciente rabia, decimos: Sáhara libre!

El Sáhara no se vende. De rendirse, mejor ni hablamos