El CGPJ califica «de muy difícil jutificación» la libertad vigilada
El órgano de gobierno de los jueces españoles ha elaborado un informe «muy crítico» con la reforma penal aprobada hace tres meses por el Gobierno del PSOE, en la que se propone, entre otras medidas de control, la aplicación de un régimen de «libertad vigilada» de hasta 20 años a los presos políticos vascos que hayan cumplido la condena impuesta.GARA |
El pasado 14 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó la implantación de una nueva figura penal, la «libertad vigilada», mediante la que se pretende imponer hasta 20 años de control y seguimiento sobre los presos políticos vascos una vez hayan cumplido su condena y sean puestos en libertad. Esta medida de control, junto con otras diez, además de la declaración de imprescriptibilidad de «los más graves delitos en materia de terrorismo», forman parte del Anteproyecto de Ley aprobado entonces por el Ejecutivo español a iniciativa del ya dimitido ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo.
Tres meses después, el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado un informe «muy crítico» con esta reforma penal propuesta por el Gabinete del PSOE.
En una rueda de prensa posterior a la celebración del pleno del máximo órgano de gobierno de los jueces españoles, su portavoz, Gabriela Bravo, manifestó ayer que aunque la medida de la libertad vigilada se aplique en otros estados europeos, sería a su juicio «de muy difícil justificación» en el ordenamiento jurídico vigente en el Estado español, pues su cumplimiento, según explicó, entra en colisión con los regímenes penitenciarios de tercer grado y libertad provisional.
«Un régimen más restrictivo»
«Es un viaje hacia un régimen más restrictivo que la libertad condicional o, incluso, más restrictivo que el tercer grado penitenciario», dice el informe del CGPJ, cuya ponente ha sido la vocal designada a propuesta del PNV, Margarita Uria, que ha formulado además un voto particular al no estar de acuerdo con algunas de las modificaciones que sobre el texto original del informe se realizaron la semana pasada. El informe, de carácter no vinculante, establece requisitos básicos de ejecución de la pena accesoria de libertad vigilada, cuya regulación no está prevista en el anteproyecto.
La reforma aprobada en noviembre por el Gobierno español fue duramente criticada desde Euskal Herria, ya que las medidas propuestas suponen, de facto, un sometimiento de por vida al control judicial.
