Patxi Agirre, Miguel Angel Lekue y Mikel Etxeberria, en su cuarta jornada de huelga de hambre, recibieron ayer a responsables de la Ejecutiva de LAB encabezada por el secretario general adjunto, Jabi Garnika, Bea Martxueta y Rafa Izquierdo. También recibieron los apoyos del secretario general de ELA, Adolfo Muñoz. Además, los representantes de EA y Aralar se acercaron también a la gasolinera de Lopidana, en el enclave donde los tres transportistas autónomos de Euskal Herria están llevando adelante la protesta. Los representantes políticos rechazaron la iniciativa del Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia. Los huelguistas todavía mantendrán el ayuno.

Por la tarde, los huelguistas participaron en la asamblea que se desarrolló en la iglesia de San Francisco, emulando la trágica concentración de trabajadores del 3 de Marzo de 1976.

El sindicato Hiru mantiene la huelga de hambre de protesta y como rechazo al expediente sancionador abierto por el Gobierno de Lakua, a través del Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia, que impuso una multa millonaria a los transportistas autónomos de entre 500.000 y 10 millones de euros por «una recomendación colectiva de precios».

Tanto ELA como LAB, al igual que el resto de sindicatos, mostraron su solidaridad con Hiru, una vez que se conoció la pretensión del Gobierno de Gasteiz de imponer esa multa «que haría desaparecer al sindicatos por el hecho de defender un transporte de mercancías por carretera seguro y de calidad, que lucha contra la precariedad laboral y los accidentes de trabajo, a la vez que rechaza la autoexplotación y reclama unas condiciones de trabajo dignas para los transportistas que viven y trabajan en este país».

Cambios legales

Rafa Larreina, miembro de EA y vicepresidente segundo del Parlamento de Gasteiz y miembro de la Diputación Permanente, se acercó a Lopidana y reclamó la suspensión de la sanción y exigió «cambios legales para garantizar la independencia del tribunal Gobierno».

El representante de EA señaló que «es incomprensible desde el punto de vista político y social que ese tribunal imponga una sanción que pone en peligro la existencia misma de un sindicato y el patrimonio personal de los trabajadores».

Igual que antes ya lo hicieron el resto de sindicatos, el dirigente de EA reiteró la oposición rotunda a «los planteamientos neoliberales que vayan en contra de la libertad sindical» y «de agrupación de los transportistas autónomos». Rafa Larreina criticó, de forma rotunda, «que se pueda criminalizar el esfuerzo de un sindicato por lograr un transporte sostenible y con tasas de siniestralidad».

Por último, Larreina abogó por introducir cambios legales que permitan regular por ley el funcionamiento del Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia, «dependiente hoy del Departamento de Hacienda del Gobierno vasco, dirigido por el PNV». EA apuesta por desarrollar una ley que «deje de depender del Gobierno» y se garantice «su independencia».