En la iglesia de San Francisco del barrio de Zaramaga, el mismo marco donde en 1976 la Policía reventó una asamblea de trabajadores de las empresa de Gasteiz en huelga por sus derechos y sus condiciones laborales, afectados por los despidos, expedientes y, en general, por las consecuencias de la actual crisis económica, dieron ayer una imagen de esta crisis más allá de los datos sobre liquidez de los bancos, recortes del PIB y cifras macroeconómicas.

Trabajadores de Cegasa, Esmaltaciones San Ignacio, Recitel, Mercedes, Filocin, Residencia Ariznabarra, Novacero, Laminaciones Arregui, o Vinilika, transportistas del sindicato Hiru, representantes de las plataformas por los Servicios Sociales y por los presupuestos participativos, miembros de Elkartzen o de Bilgune Feminista intervinieron en una asamblea que quiso evocar las luchas obreras de hace tres décadas y recuperar los valores para adaptarlos a las necesidades actuales ante las amenazas sobre el empleo y las condiciones laborales.

Algunos de los intervinientes participaron también, como estudiantes o trabajadores en las luchas de hace 33 años y en la propia asamblea de San Francisco sobre la que disparó la Policía. Un representante de cada empresa fue explicando cada situación y todos coincidieron en la necesidad de la lucha para hacer frente a los expedientes. El diagnóstico sobre los culpables de la crisis también fue común: empresas, banca y gobiernos.

Así, trabajadores de Cegasa y de Esmaltaciones señalaron cómo con la movilización constante han conseguido frenar la intención inicial de sus respectivas empresas de aplicar cientos despidos. «Luchar merece la pena» insistieron.

La misma idea compartieron quienes, como en Recitel o Filocin aún están luchando contra 14 y 75 despidos respectivamente. «La calle es nuestra y hay que llenarla para frenar la agresión de la patronal», insistieron. Aunque reconoció no ser el mejor ejemplo de lucha como empresa, desde Mercedes, donde los sindicatos CCOO, UGT, USO y Ekintza sí aceptaron un ERE de suspensión, otro trabajador coincidió en que «nos queda pelear». La misma convicción expusieron las trabajadoras de la Residencia Ariznabarra, que llevan más de un año huelga y que denunciaron sus condiciones laborales consecuencia de la privatización de servicios públicos, en este caso por parte de la Diputación alavesa.

Estas privatizaciones también fueron objeto de la denuncia de la Plataforma por los Servicios Sociales Públicos, que criticaron que se recorte el dinero para gastos sociales mientras se le da a banqueros y a empresas mediante ayudas o recortes de impuestos.

Desde la plataforma de ciudadanos por unos presupuestos participativos se lanzó la idea de «volvernos a reunir para aunar las luchas», una propuesta en la que insistieron luego varios participantes.

«Debemos ser capaces de organizar movidas conjuntas y sostenidas en el tiempo», señaló un trabajador de Vinilika, que propuso dar continuidad a la asamblea de ayer para que las pequeñas empresas tengan una referencia para iniciativas comunes .

Despidos silenciosos

Desde empresas como Laminaciones Arregui relataron que antes de llegada de los ERE ya había habido despidos. La asamblea dejó claro que empleos de hostelería, servicios, que las mujeres desempeñan en condiciones indignas han desaparecido sin necesidad de expediente, porque se encontraban en situación especialmente precaria. «De 30.000 despidos en este período sólo 2.400 lo han sido por ERE», señalaron. Mujeres, inmigrantes y jóvenes han sido los primeros en pagar.

La asamblea concluyó subrayando la necesidad de un planteamiento más ofensivo en las movilizaciones y en los elementos ideológicos que aborden las causas del la crisis y los valores de solidaridad y lucha de la clase trabajadora, y con un llamamiento a expresar la rabia por esta situación en la manifestación del 3 de marzo.