Los familiares de los trabajadores muertos por disparos de la Policía el 3 de marzo de 1976 y los heridos por aquella intervención denunciaron ayer la trampa de las leyes de Memoria Histórica del Gobierno español y de la de Solidaridad con Víctimas del Terrorismo del Gobierno de Lakua, que siguen excluyéndoles.

El portavoz de la asociación, Andoni Txasko, explicó que la Ley de Memoria Histórica «que nos negaba el derecho a la verdad y a la justicia» es en realidad una ley de punto final que permite la más completa impunidad de los responsables de los sucesos de 1976.

Pero además, criticaron que incluso para el resarcimiento económico, «el aspecto menos fundamental», se plantean trabas, ya que sólo se tienen en cuenta incapacidades en grado de gran o absoluta invalidez consecuencia de la actuación policial. Además, exige demostrar la dependencia económica de la persona fallecida, cuando los muertos tenían 17 o 19 años de edad. En las Juntas Generales de Araba, que se comprometieron a conceder las ayudas que no ofreciera Madrid, se han encontrado con los mismos tecnicismos que obstaculizan la reparación económica. Lo mismo ha sucedido en con la Ley de Solidaridad y Reconocimiento de Víctimas del Terrorismo, de la que se han visto excluidos, pese a que el Parlamento de Gasteiz reconoció su condición de «víctimas del terrorismo».

«Hay falta de voluntad de incluir a todas las personas afectadas. Hay víctimas de primera, de segunda, de tercera y a otras ni se nos contempla», denunció Txasko.

Juicio pendiente

Por otro lado, recordaron que siguen pendientes de juicio tres miembros de la asociación por las acusaciones que realizó el Departamento de Interior de Lakua tras detenerlos en la manifestación de hace tres años.

Exigieron al Ejecutivo que «se retiren esas acusaciones falsas y el juicio no se celebre», exigencia que extendieron por su responsabilidad al lehendakari, «Juan José Ibarretxe».