Tras las elecciones del 1-M
El plan económico de López necesita de las diputaciones del PNV
Al menos veinticinco medidas económicas y sociales incluidas en el programa electoral del PSE precisan de la colaboración y el visto bueno de las tres diputaciones, hoy por hoy en manos del PNV. Todas las propuestas que incluyen reformas fiscales necesitan del concurso de las haciendas forales, aunque desde el partido de Patxi López se confía en la labor del Órgano de Coordinación Tributaria, meramente consultivo.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
Contar con la mayoría absoluta en el Parlamento de Gasteiz no lo es todo a la hora de gobernar en la CAV. La estructura interna de la Comunidad, fijada en el Estatuto y la Ley de Territorios Históricos, confiere numerosas competencias a las diputaciones forales, cuyo concurso es necesario, por ejemplo, para abordar todo lo referido a política fiscal y para la financiación tanto de las grandes infraestructuras como de los planes especiales para hacer frente a la crisis.
De hecho, un somero análisis del programa con el que el PSE concurrió a las elecciones muestra que al menos veinticinco medidas de carácter económico y social requieren de acuerdos con las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, todas ellas en manos del PNV en este momento.
Por lo tanto, buena parte del éxito o el fracaso que pueda obtener la gestión que haga Patxi López desde Ajuria Enea, dependerá de que las diputaciones colaboren o no en sus planes y propuestas.
Desde otro punto de vista, también cabe apuntar que las diputaciones no sólo tienen la posibilidad de realizar una estrategia de obstrucción de los planes del Gobierno de Lakua, sino que en función de sus competencias pueden también desarrollar sus propias políticas positivas e incluso coordinarlas, constituyéndose así en una suerte de poder paralelo en el ámbito de la CAV, ejerciendo estrategias fiscales y de inversiones unificadas.
«Sea desde donde sea»
En este sentido, no cabe ignorar las palabras del todavía lehendakari en funciones, Juan José Ibarretxe, dando por hecho que el PNV seguiría gobernando «sea desde donde sea, de eso no le quepa la menor duda».
Que el Gobierno de Lakua esté dirigido por un partido y todas las diputaciones por otro es un hecho inédito en los treinta años de autonomía de la CAV. Habitualmente los gobiernos forales y el autonómico han sido del mismo partido o, al menos, de la misma coalición de gobierno, aunque hubiera alguna permuta de partidos al frente de cada institución. Hasta la fecha existían los antecedentes de que en Lakua gobernaran PNV y PSE y que la Diputación de Gipuzkoa estuviera regida por EA con el apoyo de EE (1987-1991) o que mientras Juan José Ibarretxe estaba en Ajuria Enea el PP con el apoyo del PSE rigiera la de Araba (1999-2007). Pero nunca se había conocido un partido en Lehendakaritza y otro en las tres diputaciones.
Las políticas fiscales
Las políticas fiscales (atendiendo a la estructura general impositiva del Estado) corresponden a cada una de las haciendas forales. Por lo tanto, todas las propuestas económicas y sociales basadas en incentivos fiscales de Patxi López habrán de contar con el apoyo de las diputaciones. Además, la fórmula de financiación de todos los planes y proyectos especiales que bien incidan en competencias del Estado (TAV y otras grandes infraestructuras) o sean capitales para el desarrollo de la CAV y precisen de una gran inversión, han de ser aprobados por unanimidad en el Consejo Vasco de Finanzas, donde están representados el Ejecutivo de Lakua y las tres diputaciones.
Dentro del programa del PSE, la colaboración foral es imprescindible para las propuestas de incentivos fiscales para el apoyo a nuevas inversiones, la promoción del I+D+i y la atracción de «centros de decisión económica de empresas foráneas», además de otras medidas sociales y de apoyo familiar, así como para todo el plan de configurar «una nueva fiscalidad de la vivienda».
El PSE se ha comprometido en su programa a impulsar «una fiscalidad progresiva», y para ello confía en la labor del Órgano de Coordinación Tributaria, compuesto por tres representantes de Lakua y otros tres de cada una de las diputaciones. Pero, hoy por hoy, éste es un órgano meramente consultivo. También es cierto que el Estatuto confiere al Parlamento la competencia de coordinación y armonización fiscal, pero para corregir disfunciones, no para dictar políticas.
Un cambio en la Diputación de Araba, fruto de las negociaciones entre PSE y PP, alteraría la correlación de fuerzas actual rompiendo las políticas forales comunes que podría aplicar el PNV.
Nada menos que el 84,9% de los ingresos con los que cuenta el Gobierno de Lakua proviene de las aportaciones que realizan las diputaciones y que para 2009 estaban estimadas en 8.848,6 millones de euros. La cuantía y distribución de estas cantidades que las haciendas forales han de transferir al Ejecutivo autonómico están fijadas en este momento por una Ley de Aportaciones aprobada en 2007 y cuya validez se extiende hasta 2011. Cabe destacar que esta ley fue aprobada por el tripartito con el apoyo del PSE y de Aralar, pero que tuvo el rechazo del PP, formación que será la encargada de garantizar la investidura de Patxi López y su continuidad en el Gobierno. El PP votó en contra por considerar que el reparto era contraproducente para Araba, cuya diputación gobernaba en 2007. Esta Ley debería ser renovada en 2011, pero la actual redacción incluye una cláusula por la que si en esa fecha no hubiera acuerdo entre Lakua y las diputaciones la norma se prorrogaría anualmente en sus actuales términos.
José Antonio Pastor, secretario general del PSE en Bizkaia, expresó su deseo de que el PNV, «una vez pasado el sarampión», se vaya «atemperando» y puedan lograr acuerdos con los jeltzales a lo largo de la legislatura.
Por parte del PNV, sin embargo, su portavoz en el Congreso español, Josu Erkoreka, acusó al Gobierno español de «quemar» a todos sus amigos en la Cámara, y en tono de advertencia agregó que «sin amigos» no es posible conformar mayorías.
EA ha decidido recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) el «incumplimiento de la Ley Electoral» por parte de la Junta Electoral de Araba durante el recuento de los votos emitidos en las elecciones autonómicas del pasado día 1, según anunciaron ayer desde esta formación en una nota de prensa.
Este partido denuncia que «el recuento de las papeletas no cumplió lo establecido en la Ley Electoral 5/90, que en su artículo 126.2 obliga a las juntas electorales a abrir uno por uno todos los sobres con las actas de las mesas electorales». «EA considera que si se hubiera cumplido la Ley, y teniendo en cuenta la exigua diferencia por la que se ha adjudicado el escaño número 25, los resultados habrían sido diferentes», señala esta formación, explicando que espera que la respuesta a su recurso «avale la búsqueda de la verdad material de los resultados electorales que garantice los derechos de la ciudadanía».
En cualquier caso, más allá del escaño alavés que la Junta Electoral ha otorgado finalmente al PSE, lo cierto es que los resultados de EA fueron muy malos en la cita electoral de hace dos semanas.
Estos resultados han sido aprovechados por el sector crítico, radicado en Gipuzkoa, para cargar contra la dirección de su partido y la estrategia que viene siguiendo. Este sector, encabezado por el presidente de EA en Gipuzkoa, Iñaki Galdos, presentó ayer el proceso «Suspertu» que pretende hacer «descarnada autocrítica» y «retomar los valores fundacionales» de este partido.
En la presentación de este proceso ante decenas de afiliados, Galdos explicó que la Ejecutiva que preside va a recoger aportaciones del «entramado social, cultural, económico, universitario y de la juventud» de Gipuzkoa para hacer frente a lo que consideró un «fracaso» electoral, y que achacó a la no reedición de la coalición con el PNV. Ante las críticas de un militante que quiso intervenir durante su discurso, Galdos respondió: «no os pedimos que nos queráis, sólo que dejéis de fastidiarnos».
Mientras destacados dirigentes del PSE como Txarli Prieto e Iñaki Arriola, máximos dirigentes en Araba y Gipuzkoa, respectivamente, insistían ayer en dar por hecho el apoyo del PP a la investidura de Patxi López, que Arriola incluso situó «dentro de muy poco tiempo», desde las filas del partido de Mariano Rajoy mostraron ayer ciertos signos de desconfianza ante la posibilidad de que el PSE sólo desee sus votos para investir como lehendakari a su secretario general, para, después, no contar con ellos en la labor de gobierno. En este sentido, el más expresivo fue el presidente del PP de la CAV, Antonio Basagoiti, quien comparó esa investidura con «la noche de bodas», y expresó su preocupación con la posibilidad de que después el PSE podría «ir con otra».
En una entrevista concedida a la Cadena Ser, Basagoiti negó que se haya cerrado ya un acuerdo «definitivo» entre su partido y el de López, aunque insistió en que el PP mantiene «la mejor de las disposiciones para lograr el cambio político». Una disposición que, en cualquier caso, puntualizó que necesita además «un compromiso concreto» por parte del PSE.
«Hemos puesto encima de la mesa cosas tan importantes como el saber cómo se va a garantizar la libertad de elección de la lengua en la educación, cómo se va a conseguir que la ETB deje de sacar todo el día a aquellos que defienden al terrorismo, cómo se va a lograr que la Ertzaintza tenga la prioridad de la derrota del terrorismo. Y eso no está concretado», añadió.
En cualquier caso, si López presenta su candidatura al PP le va a resultar muy difícil no votarle, de forma que en el PSE ya están pensando en cómo afrontar la próxima legislatura desde el Gobierno. José Antonio Pastor, secretario general en Bizkaia, señaló en declaraciones a Europa Press que su objetivo es llegar al día de la investidura con los apoyos suficientes para conformar después un gobierno sólido. En este sentido, y respondiendo a Basagoiti, aseguró que el PSE «no cambiará de novia en mitad del recorrido», sino que su objetivo es «sumar voluntades» a lo largo de la legislatura.
Mikel Arana ofreció ayer su primera rueda de prensa como coordinador general de Ezker Batua, y lo hizo para descartar que esta formación -él es el único parlamentario- vote en favor de la investidura de Patxi López, aunque no descartó futuros acuerdos.
