Juanjo BASTERRA

Quienes defienden las políticas neoliberales, entre ellos el Gobierno español que preside José Luis Rodríguez Zapatero, buscan un tránsito tranquilo del sistema público de las pensiones hacia un modelo mixto, en el que el sector privado juega un papel importante por la suma de recursos económicos que mueven esos fondos. Según el Banco de España, las empresas de seguro y los fondos de pensiones contaban en 2007 con unos activos financieros que sobrepasaban los 330.000 millones y, por ejemplo, en Hego Euskal Herria las haciendas forales perdonan a los tenedores de esos fondos  un total de 500 millones al año.
La polémica que desencadenó el gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, conocido en los círculos económicos y financieros como MAFO, para ampliar la jubilación de los 65 años a los 67 años y para establecer un cálculo de la pensión más benevolente para el sistema, es decir para reducir más el pago de pensiones, tiene mucho que ver con una pequeña ayuda que ha dado a los sistemas privados de pensiones o de previsión social complementaria.

Ha metido el miedo en el cuerpo, sin duda, para reactivar la inversión en ese tipo de fondos a sabiendas de que un porcentaje elevado de la población trabajadora no puede acceder a esos fondos por su escaso margen de ganancias salariales.

Estas situaciones ocurren cada cierto tiempo, como consecuencia de que en tiempos difíciles como una crisis económica, la población ahorra más, en vez de invertir. El gobernador del Banco de España con su posición ha animado, sin duda, la inversión privada, y ha permitido al Gobierno de Rodríguez Zapatero «quedar bien» con el conjunto de la población, para establecer que el sistema público es viable. Ya lo sabemos. Sólo un sistema público de pensiones es viable, pero el Gobierno del PSOE quiere reformar el Pacto de Toledo, lo que irá en detrimento de los futuros pensionistas.

Los fondos de pensiones y las entidades de previsión social invierten en renta variable o fija, se la juegan en bolsa y en este momento de crisis se han visto perjudicados. Hasta el pasado mes de marzo los fondos de pensión no lograron una rentabilidad del 2%, ya que desde mediados del año pasado «su rentabilidad había sido negativa, perdían», indica la consultora Mercer, a través de su Servicio de Medición de Fondos de Pensiones. Otro elemento esencial es lo que está ocurriendo en Chile. Hace años se puso como paradigma de la privatización de las pensiones. Era, según los expertos, el modelo a seguir ante la teórica falta de futuro del sistema público. Sin embargo, en un artículo reciente de “Universia Knowledge Wharton” se reconoce «la estrepitosa caída de los fondos chilenos» debido a la crisis financiera mundial. Indica, en concreto, que quienes tenían fondos privados invertidos en renta variable han perdido por encima del 17% de la inversión. «Un trabajador chileno que ha ahorrado 30 millones de pesos (30.6000 euros) ha perdido más de 6 millones de pesos (4.600 euros). Ese estudio reconoce que a menor edad, mayor exposición al riesgo».

Las recomendaciones de MAFO endurecen las condiciones actuales del pensionista que recibe salarios entre un 45% y un 35% inferiores al umbral de la pobreza después de haber estado cotizando a la Seguridad Social más de los 35 años. Incluso, los prejubilados forzosos, perciben «un castigo» ya que, después de haber cotizado durante más de 40 años, se les descuenta entre un 30% y un 40% de su pensión. Desde Euskal Herria se reclaman instrumentos para una Seguridad Social propia.