El Gobierno español pretende quemar etapas lo más rápido posible en la construcción de la macrocárcel de Zabaia, consciente de la oposición popular e institucional y haciendo caso omiso de los recursos interpuestos contra las obras. Muestra de ello, la adjudicación por parte de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) al grupo FCC de las tareas de construcción de la segunda prisión de Iruña Oka, que las instituciones españolas han denominado Centro Penitenciario Norte I.

Fue la propia empresa la que informó, a través de un comunicado, de la adjudicación de las obras, un contrato cuyo montante asciende a los 84 millones de euros. Para la construcción de la macrocárcel ambas partes habrían fijado un plazo de ejecución de 22 meses.

FCC señala en su nota que el nuevo centro, ubicado a apenas medio kilómetro de la actual cárcel de Langraiz, «dispondrá de 720 celdas, con diversas clasificaciones penitenciarias y con la presencia de edificios dotacionales que permitan el control, la vigilancia, la custodia, la administración y la reinserción de los internos».

Lo cierto es que, con unas dos mil personas en su interior, entre presos y personal de la propia prisión, la macrocárcel de Zabaia sería el quinto núcleo de población de Araba.

De esta forma, los habitantes de Iruña Oka verán cómo en este municipio comparten espacio dos cárceles, ya que si bien desde Instituciones Penitenciarias han afirmado que la de Langraiz en un futuro será destinada a otros usos, lo cierto es que no se ha hecho público ningún plan al respecto, y ni los organismos contrarios a la cárcel ni la mayoría los vecinos dan crédito a este anuncio.

«Ya se podían haber parado»

Este anuncio llega apenas un día después de que la plataforma social por la paralización de las obras de la macrocárcel compareciera ante los medios para dar cuenta de las vías abiertas a fin de evitar que la prisión sea finalmente levantada.

Los portavoces de la plataforma, que en las próximas semanas se va a dedicar a socializar el manifiesto que exige parar los trabajos de construcción, destacaron que las obras podían haberse paralizado hace meses si la Diputación hubiera actuado contra los movimientos de tierra realizados sin permiso.