La consejera de Sanidad del Gobierno de Nafarroa, María Kutz, rechazó ayer de plano la posibilidad de que la edad para decidir abortar sin permiso de los tutores se rebaje a los 16 años.

En su intervención ante una comisión parlamentaria, la consejera consideró positivo que se dé un debate social respecto a la posibilidad de modificar la ley, porque «este es un debate que va a traspasar ideologías políticas».

En este sentido, se refirió al trabajo de la subcomisión del Congreso sobre la nueva ley de Aborto, cuyas conclusiones sobre prevención de embarazos no deseados dijo compartir. Kutz afirmó al respecto que el trabajo que se realiza en los nueve centros de atención a la mujer de Nafarroa pasa por informar, asesorar y dar apoyo sicológico, de forma que «nuestras políticas de prevención dan resultados». Sostuvo, en este sentido que los datos constatan, que en Nafarroa la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo son tres veces menos que la media estatal.

El debate se centró sobre todo en la necesidad de que una posible reforma incluya la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales, habida cuenta de que en Nafarroa, según el Departamento de Salud, no se practican interrupciones de embarazos porque todos los facultativo del Servicio Navarro de Salud son objetores de esta práctica. En este sentido, la consejera autonómica afirmó que es «indispensable» que se regule la objeción de conciencia de los profesionales de salud ante la nueva Ley. «Pido seguridad jurídica», dijo.

Cabe recordar, en este sentido, que médicos que practicaron abortos tras la aprobación en 1985 de la Ley de Aborto, se encontraron con una virulenta campaña en su contra desde los sectores católicos más radicales y que hoy en día hay facultativos que manifiestan públicamente que no son objetores de conciencia. Así ni en los centros públicos ni en los privados se realizan abortos en Nafarroa y cada año 700 mujeres se ven obligadas a desplazarse fuera de Nafarroa si deciden abortar.

La portavoz de IUN en la comisión, Ana Figueras, lamentó este «peregrinar» al que se obliga a estas mujeres y negó que la totalidad de los profesionales navarros sean objetores.

Asun Fernández de Garaialde, de Nafarroa Bai, advirtió por su parte de que el Gobierno de Nafarroa debe poner los mecanismos para que se cumplan tanto el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales como el de la pacientes a someterse a esta práctica, y coincidió en que existen facultativos navarros dispuestos a hacerlos, «pero piden garantías» para poder hacerlo sin problemas, un asunto en el que ha acusado a la consejero de «instigar».

María Chivite, representante de PSN, coincidió con las anteriores en destacar la existencia de facultativos dispuestos a realizar abortos, por lo que achacó al gobierno una actitud de «tratar como mujeres de segunda a las que querían abortar».

Por parte de UPN Javier Marcotegui recriminó a IUN que no hable del «derecho del que va a nacer» y consideró que el informe de la subcomisión es «malo, horroroso, mal fundamentado y sin calidad científica».