El sindicato UNSA-Policía ha hecho público, a través de un comunicado, su malestar por la imposición de objetivos que, en materia de inmigración, les están siendo exigidos por el prefecto de los Pirineos Atlánticos.

Los policías que se encargan de la seguridad urbana están recibiendo últimamente circulares internas en las que se les insta a establecer controles en las estaciones de tren de Pau, Biarritz, Donibane Lohizune o Hendaia. La prefectura les fija, además, un objetivo cuantitativo, que es el de iniciar por lo menos treinta procedimientos de infracción a la legislación de extranjería al año.

El portavoz departamental del sindicato policial, Joseph Cilluffo, considera que esta exigencia «va a hacer rebrotar la guerra entre direcciones» de los diferentes cuerpos policiales, en particular, con la Policía de Fronteras (PAF) que es la especializada en la lucha contra la inmigración irregular y cuyos agentes son los que controlan, habitualmente, las estaciones de tren.

Descoordinación

De hecho, Cilluffo ha apuntado como ejemplo la situación que se creó este mismo lunes cuando diez policías urbanos fueron destacados a la estación de Pau y se encontraron con que la PAF, que también se encontraba allí, ignoraba totalmente las nuevas directrices del prefecto.

El representante del sindicato policial mayoritario ha subrayado que los policías de las comisarías del Departamento se encuentran «sobrecargados de trabajo debido a la escasez de efectivos» y que «ya tienen suficiente trabajo con la delincuencia callejera» sin entrar en misiones en las que está especializada la PAF.

UNSA deplora «el celo del prefecto por satisfacer las exigencias de la política en materia de inmigración» y solicita que se convoque una comisión técnica paritaria para poder definir claramente las misiones y objetivos de cada cuerpo.