Con demasiada frecuencia, especialmente desde los ámbitos institucionales, las jornadas dedicadas a la reivindicación se tornan inocente celebración o, aún peor, en el encalado con el que esas instituciones tratan de cubrir los peores lamparones de su gestión. Pero la cal no siempre basta. Ayer, mientras Yolanda Barcina regalaba sonrisas forzadas en la Fiesta del Libro, un centenar de bibliotecarios se concentraba en el Plaza del Ayuntamiento de Iruñea para mostrar públicamente su rechazo a la censura y la injerencia que UPN está llevando a cabo en su labor al prohibir la lectura de los periódicos GARA y «Berria» en las ocho bibliotecas públicas de la capital navarra y en la del municipio de Barañain.

En el acto de protesta, la Asociación de Bibliotecarios de Navarra dejó muy claro que, en un día tan señalado para la lectura, más que celebraciones hay que reclamar reflexiones, como las que han plasmado en el manifiesto «Bibliotecas públicas para todas las personas», al que ya se han adherido 400 personas y 18 asociaciones profesionales. Un manifiesto de denuncia sin paliativos, sin sumisiones, cargado de independencia, pero también de alarma porque el sistema que dirige este país faculta a una sola persona, por muy concejal que sea, para ejercer de censor omnipotente y decidir qué se puede leer y qué no en función de sus preferencias ideológicas particulares.

Lo grave no es sólo que UPN ejerza la censura por intereses políticos más o menos coyunturales. Lo realmente preocupante es que se crea en posesión de la verdad absoluta, y en la obligación moral e incluso histórica de conducir a sus administrados por la recta vereda de lo correcto, cuidando de lo que deben leer o no leer. Y aunque cambien el verbo leer por cualquier otro, la frase no perderá un ápice de sentido ni validez. Eso, en ciencia política, tiene un nombre. En el Día del libro, la lección de dignidad la han dado ese centenar de bibliotecarios que defienden algo más que un símbolo: el derecho a la lectura, a la información, al pensamiento...