El sindicato ELA afirmó ayer que el origen del conflicto laboral de las residencias de ancianos de Gipuzkoa obedece a la privatización de sus servicios por parte de la Diputación y los ayuntamientos.

Indicó que en Gipuzkoa existen 67 residencias, de las cuáles 17 son municipales, «con gran parte de sus servicios subcontratados», y el resto asumidas por la Diputación y «privatizadas mediante conciertos». Estas circunstancias generan situaciones de «enorme discriminación» entre las empleadas de las empresas subcontratadas y las del personal propio de las residencias, hasta el punto de que, según ELA, las primeras cobran unos 6.000 euros anuales menos y trabajan 70 horas más que las segundas.

ELA aseguró que las patronales Adegi y Lares rompieron hace un mes la mesa negociadora del nuevo convenio provincial.