La reciente operación conjunta entre las policías francesa y española, que se saldó con las detenciones de Montoriol y Gasteiz, ha ido acompañada de un despliegue mediático tan enorme que obliga a diferenciar qué es verdad y qué no, qué es información y qué es sólo propaganda. Hay una cosa cierta. La redada, con detenciones totalmente sincronizadas, supone un buen ejemplo del grado de estructuración de la colaboración franco-española, aunque la opacidad que rodea la labor jurídico-policial de ambos estados hace muy difícil saber cómo funciona.

Entre el chaparrón de «noticias» que cayó sobre la opinión pública durante los cuatro días de incomunicación, se llegó a difundir por ejemplo que los detenidos en Catalunya Nord habían estado en contacto con sus abogados «cada 21 horas» desde el mismo inicio de la incomunicación. La realidad es muy diferente: éstos no pueden visitarlos hasta cumplidas 72 horas de arresto, según han confirmado a GARA.

En toda esa nebulosa se pierde, por ejemplo, el dato de hasta qué punto participó o no la Policía española en la detención y los interrogatorios a Jurdan Martitegi, Gorka Azpitarte y Alex Uriarte. El marco legal acordado entre los dos estados establece que la Policía española puede perseguir a sospechosos de cometer o haber cometido algún delito en un radio de 10 kilómetros fuera de sus fronteras. La ley, además, les obliga a informar inmediatamente a las autoridades francesas pertinentes de la persecución y les otorga poder para retenerlos. Pero, junto a todo ello, la norma también establece que de ningún modo pueden detenerlos, y menos aún interrogarlos. Eso es competencia exclusiva de la Policía francesa.

Los equipos policiales mixtos

Sin embargo, hay una salvedad. Son los equipos de investigación conjunta que existen desde el año 2004. Se constituyen a petición del fiscal o del juez de instrucción en dos casos concretos: bien que se trate de una investigación ya abierta en territorio francés y que por su «complejidad» requiera de la ayuda española, o bien que el mismo caso se esté investigando en los dos territorios porque incumba a ambos. En los dos supuestos se necesita el consentimiento del Ministerio de Justicia francés -que se otorga siempre y con gran celeridad en el caso de asuntos relacionados con ETA-. Salvado este trámite, ya sólo queda conformar el equipo mixto.

Ahora bien, aunque la Policía española trabaje codo a codo con la francesa, sus agentes no están autorizados a realizar determinadas actuaciones reservadas únicamente a los franceses. Por ejemplo, no pueden proceder a registros o a detenciones de manera directa. Sin embargo, sí tienen la facultad, en el marco de estos equipos conjuntos, de participar en los interrogatorios. La persona detenida siempre puede, en cualquier caso, guardar silencio y no responder a las preguntas de una u otra policía.

El hermetismo es absoluto en torno a estos equipos. No hay certeza total, por ejemplo, de que policías españoles participaran en los interrogatorios, más allá de la afirmación hecha por un portavoz de la Policía francesa. Y resultó notorio el interés de la parte española en subrayar que la operación había sido dirigida desde Madrid, por el juez Baltasar Garzón. Pero, debido a esa opacidad, tampoco pudieran descartarse del todo otras opciones, como que se hubiera producido un seguimiento más allá de las fronteras españolas, sin amparo legal como queda explicado. La investigación deja muy claro que Alex Uriarte había sido sometido a intensos seguimientos antes de que llegara a Montoriol, según explican a GARA fuentes judiciales conocedoras del caso.

Sea como fuere en esa redada concreta, resulta evidente que el trabajo en común en los equipos de investigación mixtos es algo normalizado. Por lo tanto, las novedades que puedan darse en el futuro (o bien la «legalización» de procedimientos que ya se estén utilizando en la práctica) afectarán sólo a detalles técnicos o de funcionamiento. Que la sintonía política es total ha vuelto a quedar de manifiesto en la reciente visita de Nicolás Sarkozy a Madrid. Les une la negativa a reconocer a Euskal Herria.

Los matices llegan en cuestiones de principios, y también en lo que atañe al tratamiento mediático. El Estado francés declara estar dispuesto a «cooperaciones o trabajos conjuntos» contra lo que entiende como «un enemigo común», pero tanto la Justicia como la Policía mantienen el criterio de que en su territorio mandan ellos y que son ellos quien escogen los modos de actuar. Ahí queda, por ejemplo, la diferencia enorme en la utilización de los medios. Mientras desde la parte francesa apenas trascienden datos, las agencias, diarios o radios españolas no dejan de escupir informaciones, la mayor parte de las veces erróneas. Así ocurrió con la identificación inicial de uno de los detenidos en Montoriol, o siete días más tarde cuando se dio por seguro que en Borgoña se había producido un tiroteo, que uno de los dos supuestos activistas de ETA estaba herido y que se encontraban cercados en un bosque. Pasados los días, queda en evidencia que nada de eso había ocurrido, pero no hay rectificaciones ni explicaciones. Más habitual aún, pero igualmente reseñable, es que en estos operativos se adjudiquen etiquetas de «número 1» que luego son desmentidas o matizadas, ya con mucho menor eco, por los portavoces oficiales.

Desde muchos de estos medios se ha seguido citando como «etarras» a los detenidos aunque queden libres, como ocurrió con la joven Olaritz Arakama, sobre quien se tergiversó también su grado de parentesco con el preso político vasco Iñaki Arakama.

Sin datos sobre el «comando»

Pero más importancia tiene constatar que a día de hoy la investigación sigue sin aportar prueba alguna contra los jóvenes detenidos y encarcelados en Euskal Herria. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, alimentó la tesis de que formaban un comando dispuesto a atentar, más concretamente en Gasteiz. Sin embargo, sus abogados resaltan que los arrestados han negado cualquier relación con ETA. Que en sus domicilios tampoco se ha encontrado nada relevante, más allá de documentos políticos o mapas. Sí consta que tenían alguna relación personal con Uriarte, por haber compartido piso o coincidido en salidas montañeras, y en algunos casos también antecedentes policiales o militan en la izquierda abertzale. Nada más, como han admitido implícitamente los mismos medios que han exaltado la redada. Nadie ha precisado quiénes formarían exactamente ese fantasmagórico «comando».

Otro de los detenidos -Jonathan Guerra- fue excarcelado, pero se hizo dos días más tarde, por lo que el dato apenas «enturbió» el tratamiento propagandístico del operativo. El mensaje principal era la eficacia policial, más aún en vísperas de la cumbre de Madrid a la que se quería dar tanto relieve. Y también tras una semana en la que la Policía española había estado en el ojo del huracán por las afirmaciones del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.