A través de un auto emitido el 7 de abril por la Sección Segunda de la Audiencia de Bizkaia se desestiman los recursos de apelación formulados por los seis acusados y la Fiscalía de Medio Ambiente contra una resolución del 12 de mayo de 2008 del Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo que ordenó la apertura de la vista oral por varios delitos ecológicos y de prevaricación por depositar irregulamente residuos tóxicos y peligrosos en una nave en desuso de Babcock, en Sestao.

En el banquillo de los acusados se sentarán, previsiblemente tras el verano, los ex presidente de Babcock Wilcox España Ricardo González Orus (1995), José Ramón Vecino Gay (1997), Eduardo Gorostiza Fernández (1999), Joaquín Clotet Garriga (1998) y Emilio Jesús Cabrera García (2000-2001), así como Tomás Epalza Solano, director de Calidad Ambiental del Ejecutivo de Lakua (1995-2002)

Desde el colectivo ecologista Lur Maitea consideran que la Audiencia vizcaina confirma que hubo un presunto delito contra la salud y medio ambiente al almacenar 3.500 grandes sacos de lindane -con una capacidad superior a los 7.000 metros cúbicos de pesticida- durante seis años, sin la preceptiva evaluación de impacto ambiental. Su portavoz, Consuelo Elosua, resaltó ayer que al lindane estuvieron expuestos cientos de trabajadores de la factoría de Babcock y quienes estuvieron en las cercanías del depósito, sin que hubiese ningún tipo de control por parte de las autoridades hasta que, en agosto de 2001, fue trasladado a la celda de Argalario, en Barakaldo.

Desde ese año, a pesar de los revéses que han sufrido en la «errática» instrucción, el organismo ha defendido que fue un almacenamiento «ilegal y clandestino». Además, aportaron informes del Seprona y del Instituto Geológico y Minero, que constataron que la rotura de algunos de los sacos generaron problemas de contaminación, y que por la permeabilidad de los suelos el lindane se pudo filtrar por el agua con facilidad

Elosua recordó que en 1994 Babcock vendió a Pryca y otras firmas los terrenos donde se edificó un área comercial en Sestao. Al iniciar las obras, se descubrieron tierras contaminadas por lindane, arsénico y metales pesados, lo que, por ejemplo, impidió excavar para construir un parking subterráneo. La «solución» ideada por Babcock, «con el beneplácito del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco», fue el traslado de los residuos tóxicos y peligrosos a un almacén adyacente de su propiedad», en la carretera de Ugarte a Galindo.

Para Lur Maitea, a pesar de no haber sido procesado, el Ayuntamiento de Sestao, gobernado por el PSE, conocía la operación. Para Elosua, «el caso de Babcock es una trama más», que ha necesitado de diez años de instrucción en los tribunales antes de que se haya ordenado la apertura de la vista oral.

A los cinco presidentes de Babcok Wilcox España entre 1995 y 2001 se les acusa de conocer la situación irregular y peligrosa del depósito, que escapaba a controles. Determinante en la resolución del Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo y su confirmación por la Audiencia de Bizkaia es el informe de 2007 de Nicolás Olea Serrano, catedrático de Medicina en la Universidad de Granada, que incide en el riesgo para la salud humana que, a su juicio, aún existe en el entorno del antiguo almacén por el carácter «bioacumulativo» del lindane y su fácil propagación.

Durante la rueda de prensa ofrecida ayer para valorar la decisión judicial, Elosua recalcó que el testimonio del experto ha siso fundamental para su acusación. Ahora, aguardan la comunicación del juzgado para redactar el escrito de acusación, en el que, al margen de imputar a los seis procesados su relación con delitos contra el medio ambiente y prevaricación, barajan la posibilidad de ampliarlos. Así, estiman que acusarán a algunos de los seis imputados de ser autores de un presunto delito de «tráfico de influencias» y, quizás, de cohecho.