El 3 de mayo de 2006 el mercado de Texcoco amaneció teñido de negro: la policía «resguardaba» el lugar donde un grupo de floricultores colocaban sus productos a la venta como lo hacían siempre. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que mantenía una mesa de diálogo con el Gobierno, llevaba la asesoría y defensa de los agricultores. Un día antes, el Gobierno estatal había garantizado que retiraría las fuerzas policíacas

Sin embargo, al dirigirnos con los floristas, hombres, mujeres y niños, a tender sus puestos, nunca nos imaginamos que sufriríamos una de las más crueles y despiadadas represiones en la historia contemporánea de México.

El pueblo cayó en una cínica trampa del gobernador estatal Enrique Peña Nieto, apoyado por el entonces presidente Vicente Fox y la complicidad de sus falderillos perredistas, defensores todos de un estado bárbaro que tiene como enemigos a los más desprotegidos.

El saldo de la represión fue de dos compañeros asesinados, Javier Cortés y Alexis Benhumea, 207 detenidos -47 mujeres- docenas de heridos y desaparecidos. Pero eso no fue todo. Atenco, cual franja de Gaza o Kabul, fue ocupada militarmente por miles de policías sanguinarios que profanaron las pacíficas calles y violaron a compañeras en el traslado al penal. Como hordas bestiales, no se detuvieron ante nada.

De ahí al infierno. De la persecución al tortuoso caminar para liberar a nuestros presos. De la inicial denuncia del ultraje al presunto Estado de derecho y del quebrantamiento de garantías individuales al interminable proceso penal. El Gobierno y sus testaferros retuercen las leyes con impunidad fincándonos delitos que nunca cometimos, giran órdenes de aprehensión a los compañeros y compañeras más visibles y someten al pueblo a una férrea y estrecha vigilancia policial. Esta ocupación militar tiene responsables bien conocidos: Vicente Fox y Peña Nieto, W. Robledo, ex jefe de la Agencia de Seguridad, el procurador general Eduardo Medina, Abel Villicaña, ex procurador estatal, M. A. Yunes, ex subsecretario de Seguridad Nacional, etc.

En este espinoso trajinar hemos compartido los apoyos de compañeros de La Otra Campaña, que desde el principio han estado en plantón fuera de los penales donde están nuestros compañeros y también otras organizaciones obreras, campesinas, indígenas e internacionales. Destacan sobremanera los abogados que nos han asesorado, al combatir a un enemigo invisible incrustado en las instituciones del Estado, evidenciando todas las incongruencias y aberraciones oficiales. Esta unidad ha logrado arrancar de la cárcel a la mayoría de nuestros presos.

Esta violencia del Estado responde a la lógica misma del capital financiero que gobierna el mundo, es la misma que ejercen en los cinco continentes para arrebatarles a los pueblos sus recursos naturales, para apoderarse de todas las riquezas del planeta. Esta guerra declarada a los pueblos del mundo que luchan por conservarlos alcanzó a Atenco por defender su territorio, al igual que a las comunidades de Chiapas que luchan contra el olvido, a los pueblos de Oaxaca por su autonomía, a los de Guerrero por sus ríos y montañas, a los de San Luis Potosí y Zacatecas contra las depredadoras empresas mineras... lugares donde los niveles de organización y conciencia social han logrado tal fuerza que se convirtieron en un peligro real para el Gobierno y las trasnacionales.

Ésta, y no otra, fue y es la motivación principal del Estado: nuestro alto nivel de organización. Un movimiento social triunfante que no fue absorbido por los partidos políticos y que crecía al parejo de las demandas sociales. Así se fueron tejiendo relaciones con otros movimientos nacionales e internacionales. Su apogeo llega con su vinculación al movimiento zapatista, a la Sexta Declaración y a La otra Campaña. Esta vinculación entre macheteros y zapatistas alertó al Gobierno, quien respondió con los hechos descritos intentando pulverizar al FPDT.

Hoy, el Gobierno federal y estatal de Felipe Calderón y Peña Nieto aún mantienen secuestrados a 12 compañeros: nueve condenados a 31 años de prisión, dos a 67 años y uno, Ignacio del Valle, sentenciado a 112 años, acusado de ser el autor intelectual de los hechos. Estos gobiernos han contado con la complicidad de todos los partidos políticos y de todas las instituciones de justicia en el país y, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia encontró en su investigación que las autoridades sí cometieron delitos «de lesa humanidad», no señaló responsables y se les absuelve.

Ante la ignominiosa exculpación, el FPDT, junto con organismos de derechos humanos y organizaciones independientes, ha aglutinado toda una corriente de opinión de destacadas personalidades (Eduardo Galeano, el obispo Samuel Ruiz, Manu Chao...) para construir el Comité Libertad y Justicia para Atenco, cuyos objetivos son la incorporación de la sociedad civil a la lucha por la liberación de nuestros presos y perseguidos, y la aplicación estricta de la ley a los que masacraron a nuestro pueblo.